Fallo de la Corte: una derrota que Pullaro quiere transformar en victoria

La pulseada para imponer un tope a las jubilaciones más elevadas del sistema previsional santafesino volvió a exponer la tensión entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y la vieja guardia de la Corte Suprema. Esta vez, sin embargo, emerge un ingrediente que resulta decisivo: el tiempo juega en contra de los jueces que todavía resisten el recambio y a favor de una Casa Gris que desde el comienzo de su gestión decidió astillar el poder de los más antiguos cortesanos.

La resolución de la Corte fue, en términos estrictamente políticos, un revés para Pullaro. Cuatro ministros –Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Roberto Falistocco– declararon inconstitucional el tope establecido por la reforma previsional de 2024 para los haberes jubilatorios más altos. Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Daniel Erbetta quedaron en minoría. La regla cuestionada en la resolución había fijado el límite en el equivalente a 20 haberes mínimos, unos 12 millones de pesos en la actualidad.

Existe, sin embargo, otra manera de leer el resultado. La vieja guardia ganó la votación, pero perdió una batalla más importante: la de demostrar que todavía conserva una mayoría sólida, amplia y estable, capaz de preservarse en el tiempo.

La diferencia no sólo fue mínima –cuatro votos contra tres–, si no que, además, se produjo con el tablero en movimiento. Spuler tiene prevista su salida para el 1 de septiembre y será reemplazado por Diego Maciel, un hombre cercano al radical Felipe Michlig. Gutiérrez confirmó que dejará la Corte en breve y Falistocco también atraviesa el tramo final de su permanencia. El proceso de renovación que Pullaro impulsó desde el comienzo de su gobierno ya no es una hipótesis: está sucediendo.

Allí aparece una de las claves políticas del episodio. El fallo puede ser leído como el último contraataque de una estructura de poder que sabe que está perdiendo posiciones.

Una derrota que el gobierno puede transformar en victoria

La Casa Gris entendió rápidamente que no necesitaba discutir solamente el contenido jurídico del fallo. Evitó, por ello, concentrar su discurso en cuánto dinero representan las jubilaciones alcanzadas por la resolución. De hecho, según la propia administración provincial, se trata de un puñado de casos y el impacto presupuestario directo es relativamente reducido. 

El argumento oficial fue otro. Apuntó al criterio de solidaridad con el que se diseñó la reforma y a la señal que se transmite cuando quienes perciben los haberes más altos queden exceptuados de los esfuerzos reclamados al resto del sistema.

Ese desplazamiento es deliberado. Pullaro no pretende demostrar que el fallo puede quebrar por sí solo la Caja de Jubilaciones. Necesita instalar, por el contrario, la idea de que existe una élite que se resiste a resignar beneficios mientras el resto de los trabajadores y jubilados debe aceptar restricciones para garantizar la sustentabilidad del sistema.

Por eso la Casa Gris volvió a hablar por lo bajo de “casta”. Es una categoría que el gobernador ya utilizó para enfrentar a otros sectores de poder, pero que adquiere una particular potencia cuando se aplica a una institución cuya integración no surge del voto popular. 

La gestión encontró un terreno discursivo que conecta con una demanda social mucho más amplia y que apunta a que quienes toman decisiones sobre el esfuerzo que deben realizar los demás, también estén dispuestos a asumirlo.

El problema para la Corte es que cuatro de los jueces que votaron contra el tope están directamente vinculados con el proceso jubilatorio que la resolución beneficia. Eso permite al gobierno formular una acusación política particularmente sencilla, aunque jurídicamente mucho más discutible: que quienes deben interpretar la norma tienen también un interés personal en el resultado.

La discusión institucional, sin embargo, no debería agotarse allí. Una Corte no puede decidir en función de la conveniencia política de un gobierno ni de la popularidad de una medida. Su obligación es determinar si una ley respeta o no la Constitución. Ése es justamente el argumento que permite a la vieja guardia defender el fallo sin aceptar la acusación de corporativismo.

La pelea, entonces, tiene dos planos que conviene no mezclar: uno es jurídico y otro político. El primero se resolverá en las instancias correspondientes. El segundo ya está siendo utilizado por Pullaro para acelerar una transformación de poder que excede largamente la cuestión previsional.

El factor tiempo

La reacción de la Casa Gris confirmó que la pelea no termina con el fallo. El gobierno anunció que llevará la discusión a instancias superiores. La apelación tiene un componente político que puede ser incluso más importante que el jurídico. La composición de la Corte puede cambiar antes de que la discusión termine de recorrer todas las instancias.

Ese detalle explica buena parte del interés que genera el caso. La decisión fue tomada por una mayoría que puede no existir dentro de pocas semanas. La salida de Spuler modificará el equilibrio. Después vendrán los movimientos de Falistocco y Gutiérrez. El tribunal que eventualmente deba revisar las consecuencias del fallo no necesariamente será el mismo que lo produjo.

La Casa Gris ya saborea un cambio político de época. Sabe que la vieja Corte todavía puede ganar votaciones, pero ya no garantizase el control absoluto del tribunal. Esa diferencia es central.

Durante años, la discusión sobre la Corte santafesina estuvo atravesada por la permanencia de una generación de jueces que acumuló poder, relaciones y conocimiento interno del funcionamiento del Poder Judicial. Pullaro decidió romper ese esquema. Primero presionó para que los magistrados que superaban el límite constitucional de edad dejaran sus cargos. Luego acompañó la renovación con nombres propios y ahora observa cómo cambia el equilibrio interno del tribunal.

El fallo previsional puede terminar siendo, paradójicamente, una de las últimas demostraciones de fuerza de la Corte que el gobernador quiere dejar definitivamente atrás.

La pelea que viene

La cuestión de fondo ya no es solamente cuánto cobrarán los futuros jubilados judiciales. La pregunta es qué Corte tendrá Santa Fe cuando esta disputa termine. Pullaro busca un tribunal menos asociado con las estructuras históricas del Poder Judicial y más compatible con la etapa institucional que pretende abrir. Eso no debería significar una Corte subordinada al Ejecutivo. Allí se abre uno de los mayores desafíos para el gobernador: renovar una Corte no es lo mismo que controlarla.

La legitimidad de la transformación que impulsa la Casa Gris dependerá, en buena medida, de que los nuevos jueces puedan construir autonomía suficiente respecto del poder político que los designa. Si el recambio es leído solamente como una sustitución de una mayoría por otra, la discusión sobre los privilegios perderá fuerza y la vieja acusación de corporativismo judicial podría ser reemplazada por otra: la de una Corte oficialista.

Pullaro tiene una ventaja política evidente. La vieja guardia conserva capacidad de daño, pero tiene fecha de vencimiento. Spuler, Gutiérrez y Falistocco transitan el último tramo de sus carreras. El fallo por las jubilaciones de privilegio puede ser, entonces, una suerte de última foto de esa era.

La vieja Corte todavía tiene cartas para jugar y acaba de hacerlo. Pullaro, en cambio, posee algo que puede terminar siendo más poderoso que una sentencia favorable: el calendario está de su lado. 

La pelea continuará. La Casa Gris apelará el fallo, seguirá discutiendo el costo político de los privilegios y, sobre todo, avanzará con las últimas puntadas para la composición del nuevo tribunal. Una porción de cortesanos defenderán su potestad de controlar constitucionalmente las leyes mientras atraviesan una renovación que ya no puede detener.

La discusión de fondo, ahora, debiera centrarse en la valía y la independencia de la Corte que viene. Un asunto que trasciende, por mucho, los alcances de un fallo circunstancial.