El Gobierno anunció el cierre de la Andis: qué pasará con las pensiones

El Gobierno disolverá la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y traspasará funciones al Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones, según anunció el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Según argumentó el funcionario, la decisión se tomó luego de haber detectado irregularidades y de conocer los audios filtrados del extitular de la entidad Diego Spagnuolo. A pesar del cambio, Adorni aclaró que las prestaciones no se van a recortar, ni se van a eliminar. El actual interventor de la entidad, Alejandro Vilches, sería el nuevo secretario.

Durante una conferencia de prensa, Adorni explicó que la Andis nació en 2017 “como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero, según dijo, “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Adorni confirmó que esta situación “provocó irregularidades”, que incluyen “personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas”. Para Adorni, esta entidad “decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

Frente al grupo de periodistas que lo escuchaban en el salón de la Casa Rosada, el funcionario dijo que “solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Según el Gobierno, “esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, pero sí “un cambio profundo en la forma de gestión que incluye la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% de su estructura jerárquica”.