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Política

Millones para los amigos

El fondo ligado a Grabois adjudicó en Rosario una consultoría muy cuestionable

Grabois y Monteverde.

Por Redacción

Para la urbanización del barrio de Nuevo Alberdi se contrataron servicios de una empresa liderada por familiares de los gestores del emprendimiento, por $ 6M. 

La investigación de supuestos millonarios desmanejos de recursos del Fondo de Integración Social Urbana (Fisu), que fue administrado durante el gobierno kirchnerista por allegados al líder piquetero Juan Grabois, tiene un capítulo rosarino.

El tema explotó en medio de la cruzada del Gobierno contra fideicomisos y fondos especiales que gastan cuantiosas cifras sin pasar por los controles más estrictos de la administración nacional. Según revelaciones publicadas por la prensa porteña, el Fisu manejó un presupuesto de u$s1.200 M y sólo durante 2023 se desembolsaron u$s1.200 M. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Fisu fue controlado por Fernanda Miño, vinculada al referente piquetero y político Juan Grabois, a punto tal que el ex precandidato presidencial le tenía reservado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, si triunfaba en las elecciones. Dicho fondo, que se aplicó al programa Argentina Unida por la integración de los Barrios Populares, se nutría con aportes del Impuesto País, que grava gastos turísticos y compras con tarjetas en el exterior. 

Según fuentes de la auditoría, la mayoría de los trabajos del Fisu fueron a parar a obras de escasa envergadura, como veredas o cordones cuneta; existe una gran cantidad de intervenciones no finalizadas, al punto que de las 6.517 obras reportadas solo 400 figuran como finalizadas, un 6%; y que la mayoría de los contratos fueron dirigidos hacia cooperativas asociadas a Grabois.

Lo más destacado del Fisu fue un plan de siete obras a desarrollar sobre un espacio de 137 hectáreas del barrio Nuevo Alberdi, anunciado en 2020, un proyecto cuya implementación tuvo severos cuestionamientos.

Maqueta: Parque de la estación, que incluye una universidad popular.

El plan realizado con fondos oficiales recogió la iniciativa del grupo Ciudad Futura, liderado por el ex candidato a Intendente y actual concejal de Rosario Juan Monteverde, quien piloteaba un “tambo social” en la zona, logró frenar desarrollos urbanos y por último promovió la expropiación de terrenos, a pesar de tener un fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. 

Maqueta: cancha de césped sintético y pérgola para ferias populares.

La polémica local estalló cuando se supo de la contratación de una consultoría, que recayó en Asociación Civil Instituto de Gestión de Ciudades (IGC), liderada ni más ni menos por Roberto Monteverde, el padre del referente de Ciudad Futura. El IGC recibió $6 M sólo por la realización de tareas previas al diseño de un plan de urbanización para la zona. El socio de Monteverde padre en IGC, el también arquitecto Oscar Bragos, rubricó la contratación directa con Miño.

 

Monteverde y Oscar Bragos, de la consultora del padre de Monteverde, contratada por $6 M.

La promesa de cuantiosos fondos nacionales para financiar urbanizaciones en barrios periféricos hizo acallar cualquier tipo de polémica. El intendente Pablo Javkin y la exministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, sonrieron en agosto de 2020 para la foto de los anuncios. Otra rosarina participó de aquel acto, la por entonces Ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa

Javkin, Monteverde y Miño en Nuevo Alberdi.

Bielsa había hecho buenas migas armando instancias de articulación con Monteverde previo a las elecciones de 2019, y por eso la movida se valoró como una devolución de atenciones, pero poco tiempo después tomó distancia del Fisu, que fue retirado de su cartera. El 11 de noviembre de 2020 terminó renunciando al ministerio, cuando un video suyo -grabado con anterioridad- cuestionaba la corrupción kirchnerista.

“Cómo no voy a pensar que el espacio de Cristina tiene que estar. Por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por lo que menos tienen. Pero voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos. Robamos, muchachos, robamos y perdónenme que lo diga así, robamos y no hay que robar en la política, la plata del pueblo no se toca”. 

El plan rosarino estipulaba la contratación de cooperativas sociales para realizar cuanto menos el 25% de los trabajos. Aunque se trata de un imponente desarrollo -tal como lo demuestran las maquetas- hasta ahora sólo trascendieron ejecuciones de obras menores para aprovisionar agua potable a los vecinos del barrio. 

 

 

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