Los secretos del derrumbe de BLD, a un año de caer en default

La tarde del jueves 26 de septiembre estaba soleada en Rosario. Sin embargo, desde el piso 14 de la Torre Nordlink, el horizonte devolvía un frente de tormenta. Allí tenía sus oficinas la agrofinanciera BLD, que por esas semanas exploraba alternativas para hacer frente a la crisis derivada de la fuerte devaluación post elecciones Paso, que le había generado un descalce en las cuentas por u$s 25 M.

Las conversaciones estaban avanzadas con la firma Lartirigoyen y Cia SA, que había mostrado fuerte interés por quedarse con el activo más importante de la compañía, su sistema de cría de cerdos. El monto que BLD obtendría por esa operación, más algunos préstamos preacordados, iban a resultar suficientes para recomponer el capital perdido. Parecía que el sol asomaba con fuerza para el futuro de la empresa. Sólo parecía.

Pasado el mediodía, en Puerto Norte el cielo comenzó a virar hacia tintes menos brillosos. La compañía recibía la comunicación de que Glencore -dueña del 50% de Lartirigoyen y Cia SA- decidía no invertir en Argentina, atendiendo la coyuntura del país. En las horas siguientes, BLD suspendió sus operaciones.

El paso a paso de la crisis lo cuenta la propia firma en el expediente judicial donde se tramita la homologación de su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que todo indica está pronto a cerrarse, luego de definir la letra chica fiscal del acuerdo con la Administración Provincial de Impuestos (API).

La causa se inició el pasado 16 de diciembre y en ese entonces se acompañaron 942 acuerdos individuales con acreedores (sobre un total de 1.884), que reunían $5.009 M de créditos (sobre un pasivo total de $6.463 M). Aunque por escaso márgen (51,08% y 77,51% respectivamente), se cumplían los pisos fijados por ley para homologar un APE.  En los meses subsiguientes se fueron sumando nuevos entendimientos que incrementaron esos porcentajes iniciales. La fórmula promedio convenida fue de un pago en efectivo del 20%, más 30% de quita y el 50% restante en acciones de la compañía.

Desde que comenzó el trámite existieron algunas impugnaciones de acreedores que entendieron que hubo otros damnificados que lograron acuerdos más ventajosos, pero dichas impugnaciones fueron recurridas por la empresa y resueltas en el marco del expediente.

Sobre finales de agosto se celebró la última de las audiencias formales organizadas por el juez Ezequiel Zabalé (a cargo del juzgado Civil y Comercial de la Tercera Nominación) entre BLD y la API. Con ese punto resuelto, fuentes tribunalicias indicaron que la causa marcha a tener una resolución favorable antes que finalice el año.

En caso de seguir ese camino, sería el primero de los defaults del campo que cierre con una salida consensuada . Esta semana se escribió bastante sobre el devenir judicial del empresario rosarino Sebastián Grimaldi y también sobre la crisis (hasta ahora sin fin) de Vicentin. A ello habría que sumarle el caso de Guardati Torti, que tuvo novedades recientes, ya que en fecha 21 de septiembre la Justicia habilitó un proceso de verificación de créditos no presencial (algo vital si se tiene en cuenta las restricciones producto de la pandemia).