El Gobierno rescindió el contrato del corredor vial santafesino

A dos años de la fallida implementación del esquema de Participación Público - Privada (PPP) realizado por la gestión anterior, el Gobierno Nacional inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente las irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones.

El pasado 27 de mayo se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.

Finalmente el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, llegó a un acuerdo con la contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, para la extinción de los contratos.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló: “El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”. Además agregó que “el costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”.

Los seis corredores viales

Corredores cuyo contrato fue extinguido:

Corredor E: abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe.
Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33.

Corredores restantes:

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.
Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.

Las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%.

Además, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4.000 km, pero solo hicieron 6 km. En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. Este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo.

Estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución.