Fuente: punto biz
Por Redacción
"El Estado no va a comprometer recursos públicos. He dado instrucciones para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales en su contra", dijo
El presidente Alberto Fernández decidió correr al Estado del salvataje de Vicentin luego de que la empresa se opusiera a todas las propuestas oficiales para colaborar en su rescate y, por el contrario, ordenó que se activen todas los reclamos judiciales (civiles, comerciales y penales) para recuperar las acreencias que tiene con los organismos del Estado.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, anunció esta tarde el jefe del Estado.
“Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, agregó. “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo.
Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, sostiene Fernández.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores. He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
El anuncio presidencial llega luego de que Vicentin ayer trabara el arranque de un plan de rescate (armado de fideicomiso con las acciones cedidas por la empresa y conducido por Provincia y Nación para negociar con acreedores e inversores una fórmula de traspaso de la propiedad y plan sustentable de negocios) al exigir con mantener el directorio (con el que los acreedores no se quieren volver a sentar) y de protección judicial ante las causas penales que se acumulan en su contra. Ante tantas trabas, el gobierno provincial ayer mismo dio por cerrada las instancias de negociación y ahora Alberto hace lo propio.
De esa forma, el concurso seguirá su ritmo procesal, pero con el principal acreedor (Estado nacional) en contra y activando, en paralelo, denuncias penales. Incluso, le pueden pedir la nulidad del concurso ante la irregularidad de no haber presentado un balance. La decisión del gobierno nacional también aparece como una fuerte apuesta a que, ante una situación tan adversa, la empresa decida correrse y así se reactivaría el plan de normalización y venta conducido por Nación y Provincia. A la empresa le queda ahora resistir el embate judicial apostando a licuar pasivos en el concurso. La aparción, en tanto, de un comprador en estas condiciones políticas y judiciales es visto como improbable en el mercado de granos, salvo para desguace de activos físicos.
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