Bancos extranjeros no cierran la puerta a que el Estado controle Vicentin

Flexibilidad. Ese fue el concepto más enfatizado por fuentes cercanas al Comité de Acreedores Privados Internacionales de Vicentin cuando punto biz les consultó ayer sobre la posturas de los bancos extranjeros ante la negociación concursal por el cobro de la deuda que la agroexportadora les defaulteó y las alternativas que se barajan, tanto públicas como privadas, para la reconversión de la malograda aceitera santafesina.

Las entidades que integran el comité tienen un peso decisivo en las negociaciones por el futuro de Vicentin porque juntas poseen el 40% de las acreencias (u$s560M) teniendo así un poder de fuego (y hasta de veto) decisivo en la convocatoria de acreedores. Pero además se trata de un conjunto de bancos  (IFC,  FMO, ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole) que juega un papel clave para la economía argentina ya que desde hace más de 20 años viene financiando a las agroindustrias argentinas y por eso una solución satisfactoria a la crisis financiera de la aceitera le permitirá continuar apoyando a los exportadores nacionales.

En la actualidad, según comentaron fuentes ligadas al comité, los bancos están completando la verificación de créditos en el marco de concurso de acreedores resaltando lo acertado de la decisión del juez que lleva el concurso, Fabián Lorenzini, de implementar el sistema de verificación digital, que facilitó los trámites. Consultados sobre el margen de acción que tienen los bancos para conversar propuestas de pagos, resaltaron que no tienen impedimentos para negociar quitas y plazos. Esa misma flexibilidad que aseguran poner sobre la mesa la esperan también del lado de Vicentin, por ejemplo no negándose a desprenderse de activos, tanto del core business aceitero, como de sus negocios satélites, si eso llega a ser necesario.

No obstante, resaltan que claramente el concurso de acreedores es sólo una parte del proceso global para solucionar la crisis de la compañía ya que la salida trasciende ampliamente la convocatoria siendo necesario incluir las negociaciones de un esquema que vuelva a poner en marcha al grupo de manera sustentable para que genere así el giro comercial necesario para afrontar el pago de deuda, ya que claramente no alcanza con los ingresos por alquiler de las plantas.

En ese sentido, el comité no le cerró las puertas a ninguna alternativa, tanto de salidas privadas (como la venta de la empresa a otro grupo) como las que suponen una participación estatal (mayoritaria o minoritaria en el control accionario) en el rescate. Fue ahí que volvieron a resaltar que tienen un esquema flexible para conversar soluciones sin impedimentos conceptuales. No obstante, cualquiera sea la fórmula elegida, para participar se plantan con 4 condiciones:

x) Que se respeten sus derechos adquiridos por las inversiones realizadas en la empresa.
x) Que no sufran discriminación en el cobro de las deudas frente a otros acreedores.
x) Que se arme un plan sustentable para el futuro de la firma
x) Que haya nuevos actores en el control y management de la empresa

Los bancos acreedores hacen especial hincapié en que al tratarse la exportación de granos de un negocio de confianza (para que el productor entregue su mercadería y los bancos prefinancien exportaciones), la actual conducción de la empresa rompió todos esos vínculos y ya no está en condiciones de recrear esa confianza. Por eso la necesidad de que haya “nuevos actores” liderando la firma está puesta casi como condición sine qua non.