Vicentin intervenida: buscan ampliar contratos de fason para pagar salarios

La intervención dispuesta por la Justicia de Santa Fe, que desplazó por 120 días al directorio original, abrió un margen de negociación con actores estratégicos que ya venían trabajando en esquemas de fasones o que, como acreedores, tienen interés en impulsar alternativas de continuidad operativa para la compañía.

Según adelantaron fuentes sindicales del sector aceitero, dos actores de peso se mostraron dispuestos a incrementar su participación: por un lado, Unión Agrícola Avellaneda (UAA), que mantiene en curso un contrato de molienda de girasol en la planta de Ricardone, y por el otro, la firma Commodities, uno de los principales acreedores de Vicentin y parte del grupo que impulsa un plan de cramdown.

Desde UAA confirmaron a este medio que siguen adelante con la molienda de girasol pactada previamente y no descartan ampliar el volumen procesado en caso de que surjan nuevas condiciones. “Continuamos con la molienda que teníamos pactada con Vicentin. Si hay alguna novedad y decidimos hacer algún comunicado, lo haremos”, señalaron en reserva.

Por su parte, desde Commodities dejan trascender que están ajustando una propuesta para aportar un volumen de mercadería que podría suplantar el flujo que antes aseguraban las multinacionales Bunge y Viterra. “Todavía no está presentado porque no depende solo de nosotros”, aclaran desde el correacopio aunque reconocen que el esquema en elaboración apunta a sostener e incluso mejorar el abastecimiento industrial.

La posibilidad de robustecer los contratos de fason representa una oportunidad clave para la intervención judicial, que necesita mostrar avances concretos ante la Justicia en materia de operación, generación de ingresos y cumplimiento de obligaciones laborales, en un contexto de alta presión política, sindical y económica. Eso mientras avanzan los plazos procesales para ver si finalmente la Cámara de Apelaciones de Rafaela define o no la apertura de cramdown tal cual lo solicitó la Corte Suprema santafesina.

Por ahora, tanto los interventores como los representantes gremiales coinciden en que asegurar nuevos acuerdos de molienda es una condición necesaria para recomponer la dinámica productiva de las plantas y garantizar la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.