Un trámite para achicar gastos que no cuajó en la quiebra de Bioceres

La apertura de la quiebra de Bioceres SA, dictada este martes por el juez civil y comercial de la 6ª Nominación de Rosario, Fernando Mécoli, no fue el resultado de un trámite exprés. Por el contrario, desde el primer escrito presentado el 29 de diciembre de 2025 hasta la habilitación formal del proceso se acumuló un voluminoso expediente que, según pudo reconstruir Punto biz de fuentes judiciales, superó las 2.100 fojas.

El dato grafica la magnitud de la caída de la sociedad fundacional del holding biotecnológico -y la que corrió con todas las deudas del grupo- y anticipa la complejidad técnica que tendrá la etapa que ahora se abre: la verificación de créditos y la eventual investigación sobre el derrotero societario que desembocó en la insolvencia.

El planteo inicial de quiebra fue presentado a fines de diciembre con un escrito breve. A partir de allí, la compañía fue acompañando documentación de manera sucesiva a requisitoria del juez actuantes: balances, certificaciones contables, planillas y referencias a la reconfiguración societaria instrumentada en 2025, que incluyó movimientos aprobados por la SEC de Estados Unidos en el marco del holding que tiene como activo central a Bioceres Crop Solutions (BIOX).

En tribunales admiten que el volumen no sólo responde a la cantidad de papeles, sino a la trama transnacional del caso. La combinación de negocios que reordenó el grupo —con eje en la fusión con Moolec y el desembarco del uruguayo Juan Sartori como inversor y luego como hombre al frente del directorio de la SA ahora en quiebra— fue aprobada por organismos de control norteamericanos, lo que agrega una capa adicional de complejidad jurídica y técnica. De hecho, antes de habilitar el trámite el juzgado requirió a la sociedad que acompañara bajo presión toda la documentación vinculada a esas operaciones para su análisis formal.

El pasivo bajo la lupa

En la presentación, la empresa reconoció un estado de cesación de pagos y expuso un pasivo que, según distintas fuentes documentales incorporadas al expediente, ronda los $226.000 M, equivalentes a aproximadamente u$s158 M al tipo de cambio de referencia utilizado en las planillas.

Entre los acreedores aparece un tenedor de obligaciones negociables —Draco— que ejecutó acciones que tenía en su poder, quedando pendiente una suma cercana a los USD 60 M, siempre según la información aportada en el expediente.  Dicha ejecución fue la que precipitó la presentación de la propia quiebra de la empresa y la que terminó dando argumentos a Sartori para responsabilizar a los anteriores directivos, con Federico Trucco a la cabeza, de eventuales desmanejos que derivaron en el default.

También se incorporó una certificación contable elaborada por la consultora PwC que toma como “foto” patrimonial el cierre de junio de 2025 y arroja un patrimonio neto negativo del orden de los u$s110 M.

No obstante, otras planillas internas en formato Excel —no firmadas por contador público— mostraron inconsistencias en el activo declarado: mientras una consignaba poco más de $5.000 M, otra elevaba la cifra a cerca de $47.000 M. Ese desacople fue observado en el trámite previo a la apertura, aunque no resultó determinante para la decisión final.

La conclusión judicial, según reconstruyen en tribunales, se apoyó en un dato objetivo: el pasivo declarado superaba largamente al activo y la propia deudora confesaba su imposibilidad de pago. Bajo esos parámetros, la ley concursal impone la apertura de la quiebra.

El intento de “pequeña quiebra”

Un dato llamativo que trascendió en el expediente es que la defensa de Bioceres SA habría intentado encuadrar el proceso dentro de la figura de “pequeña quiebra”, prevista para casos con menos de 20 empleados y menor envergadura operativa. Si bien la sociedad habría quedado con una estructura mínima tras la reconfiguración del holding, el magistrado no convalidó esa interpretación y terminó abriendo una quiebra Clase A. En la lectura judicial, el volumen patrimonial involucrado —que se mueve en cifras de cientos de millones de dólares dentro de un grupo que cotiza en el Nasdaq— impide asimilar el caso a una quiebra de baja escala.

Con esa definición, el proceso seguirá el carril ordinario, con designación de sindicatura compuesta mediante sorteo -estaba pendiente de realizarse este miércoles-y posterior fijación de plazos para la verificación de créditos.

Lo que viene: verificación e investigación

La sindicatura será la encargada de analizar en detalle la documentación aportada y eventualmente requerir nuevas medidas, incluso vinculadas a la ingeniería societaria que derivó en que Bioceres SA concentrara el pasivo del grupo.

En el horizonte aparecen distintas hipótesis previstas por la ley: desde acciones de responsabilidad contra directores, tal el caso de lo que motoriza Sartori contra Trucco- hasta eventuales pedidos de extensión de quiebra hacia otras sociedades del holding, en caso de detectarse maniobras en fraude a los acreedores. Sin embargo, cualquier proyección sobre estructuras radicadas en el exterior abre un capítulo complejo por la ausencia de tratados específicos que obliguen a jueces extranjeros a ejecutar decisiones dictadas en Argentina.

Por ahora, el expediente que comenzó con un escrito escueto y creció hasta superar las 2.100 fojas ingresa en su fase más sensible. Con números millonarios, operaciones aprobadas en Estados Unidos y una disputa societaria de fondo, la quiebra de Bioceres SA promete convertirse en uno de los procesos concursales más complejos que haya tramitado la plaza rosarina en los últimos años.