Tras despedir personal se concursó firma santafesina del rubro agroindustrial

La agroindustrial Emilio Alal SACIFI, con casa central en Reconquista y plantas en Corrientes y Chaco, quedó formalmente bajo el paraguas de la Ley de Concursos y Quiebras. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Reconquista declaró este viernes 27 de febrero la apertura del concurso preventivo de la compañía, en una causa que fue clasificada como “Gran Concurso – Categoría A” por su envergadura. La definición de lso Tribunales llega luego de la decisión de la firma de cerrar su negocio textil despidiendo a más de 200 empleados a los que no les abonó indemnización.

La resolución, a la que tuvo acceso Punto biz, fija como fecha de cesación de pagos el 23 de enero de 2026, cuando precisamente —según la propia empresa— no pudo afrontar el pago de liquidaciones finales previstas en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En el dictamen judicial se detalla que la firma atribuyó su desequilibrio económico-financiero a una combinación de factores: caída abrupta del consumo interno, apertura de importaciones, incremento de costos (energía e insumos) no trasladable a precios, imposibilidad de acceso al crédito y recorte de líneas bancarias, además del peso del costo laboral.

El juez Franco Raschetti entendió acreditados los extremos exigidos por la ley concursal y habilitó el proceso preventivo, destacando que la herramienta apunta a reordenar el pasivo y preservar la continuidad empresaria bajo un esquema de acuerdo con acreedores. Eso sí, a todas luces queda expuesto que el plan de la compañía es recortar el negocio textil y enfocarse en sus otras actividades. La sociedad, presidida por Emilio Miguel Alal, tiene domicilio real en Reconquista, aunque cuenta con establecimientos fabriles e industriales en otras provincias, lo que explica el alcance regional del proceso.

El concurso llega después de una decisión que sacudió a la ciudad correntina de Goya: el despido total del personal vinculado a hilandería y tejeduría. “Fuimos todos despedidos. No quedó nadie en la planta”, aseguró Mariano Peoz Gauna, delegado de los trabajadores de Goya hasta el cierre. Según detalló, las cesantías comenzaron el 25 de enero y alcanzaron a 160 operarios de hilandería y tejeduría en esa ciudad, además de unos 20 trabajadores en Reconquista y otros en Villa Ángela, Chaco.

En Goya, el número total de afectados ronda los 240 empleados, sin contar personal eventual. “No hubo ninguna propuesta de pago, en ninguna de las audiencias”, remarcó el delegado en contacto con Punto biz, quien afirmó que hasta el envío de los telegramas la empresa venía cumpliendo con salarios y aportes.

La compañía alegó el pago del 50% de las indemnizaciones bajo el artículo 247 LCT, pero —según los trabajadores— ese monto nunca se efectivizó. “Ni el 50, ni el 100, ni nada”, sostuvo Peoz Gauna.

Cambio de modelo: de productores a traders

En audiencias administrativas previas, representantes de la firma anticiparon que la estrategia sería “cambiar el modelo de negocio, de productores a exportadores e importadores”, según relató el delegado.

En los hechos, la decisión implicó desactivar la cadena de valor textil que iba desde la desmotadora, pasando por hilandería y tejeduría, para concentrarse en la comercialización de materia prima o eventualmente en la importación de telas o prendas terminadas.

El procesamiento de cueros en Reconquista y las desmotadoras de algodón —como la de Villa Ángela— continúan operativas. De hecho, la campaña algodonera se reactivó a comienzos de febrero.

La sentencia dispuso la conformación de un comité provisorio de control integrado por los tres mayores acreedores quirografarios —Banco Nación, Banco Credicoop e Indunor— y dos representantes de los trabajadores.

Además, fijó el 28 de mayo de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos y estableció un cronograma extendido hasta abril de 2027 para la audiencia informativa y el vencimiento del período de exclusividad. El tribunal también ordenó la inhibición general de bienes y la suspensión de procesos judiciales patrimoniales en trámite, bajo el principio del “fuero de atracción” concursal.