Tabacalera rosarina resiste pago de un impuesto ante la Justicia federal

La tabacalera rosarina Bronway juega a fondo en los tribunales federales y en las calles de Rosario para evitar el pago del impuesto minimo, que rige desde 2008 y fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en 2021, aunque un grupo de firmas del sector lo eludió gracias a aplicación de cautelares judiciales. 

El punto de la discordia viene de la década anterior, cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley 27430, y fijó un valor mínimo para el impuesto a pagar por parte de las tabacaleras que no podrá ser inferior al 75% del correspondiente a la categoría más vendida de cigarrillos. De ese modo, los cigarrillos más baratos están gravados con una contribución mayor. 

El caso viene rodeado de explosivas denuncias protagonizadas por cámaras del sector, que han llegado a denunciar a los jueces que dictaron las cautelares y a dirigentes políticos acusados de operar para que nada cambie. A fines del año pasado incluso hubo una masiva movilización motorizada desde las provincias tradicionalmente tabacaleras para que tanto la Afip como la Justicia tomen cartas en el asunto. 

La Afip se mueve por una cuestión de peso, que se puede expresar en dólares: u$s700 M es lo que pierde de recaudar porque una porción de las firmas afectadas por el gravamen sigue sin aportar al fisco gracias a la instrumentación de cautelares. Como el impuesto minimo en el caso de los cigarrillos es más que considerable, la elusión fiscal les sirve para vender a precios más bajos y así han logrado desequilibrar el mercado, quedándose hoy con un 40% de la torta. La Corte Suprema de la Nación falló en contra de las cautelares en mayo de 2021, pero nada impidió que las firmas siguieran obteniendo nuevas cautelares. 

Bronway, con sede en Rosario,  es una de las tabacaleras que se lanzó bajo el amparo de las cautelares. Desde finales de diciembre quedó en el centro de la atención pública, cuando la jueza de primera instancia, Silvia Aramberri , sentenció en contra de la cautelar que permitía eludir el impuesto. Allí ardió Troya, y desde la empresa -con los trabajadores en la calle- salieron a cuestionar las acciones de Afip y de la jueza. Ya en el mes de enero, en medio de la feria judicial, dos jueces de la Cámara Federal de Rosario, José Toledo y Elida Vidal, revocaron la decisión de Aramberri y reintegraron la vigencia de la cautelar. 

Atento a la decisión del tribunal de alzada, Aramberri fijó una contracautela de $2.000 M de pesos a pagar por Bronway, para salvaguardar posibles daños al Estado. Determinó "una caución real que deberá efectivizarse bajo la modalidad de depósito judicial, embargo, aval bancario o seguro de caución", que equivale al 30% de los impuestos mínimos no pagados durante los últimos cuatro meses, según cifras de Afip. La tabacalera propuso en cambio una cifra más exigua, unos $10M de garantía. La pulseada entre Afip tabacalera quedó ahora en manos de jueces de de feria, cuya definición se espera. Pero en esta instancia también se pelea a cara de perro. Según los apoderados de Bronway, la composición de feria de la Cámara Federal “está obstaculizando una resolución ya tomada por los integrantes naturales de la misma Sala, y que ha adquirido firmeza”. De allí que la empresa recusó la intervención del camarista Aníbal Pineda, al tiempo que lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. 

Como telón de fondo del escenario judicial resuenan las voces de grupos empresarios enfrentados. El presidente de la Cámara Tabacalera Pyme Argentina, Osvaldo Trillo, denunció ayer a Bronway y a la santafesina For Men de “competencia desleal por evasión impositiva”, al tiempo que denunció: “Están presionando a la Justicia, con amenazas de despidos masivos y arengando marchas del personal, para lograr medidas judiciales que les permita no pagar impuestos minimos”.

“Las operaciones empresariales de Bronway y For Men comenzaron con las actuales leyes ya aprobadas con el único fin de no pagar los impuestos minimos e instalando una competencia desleal, con artimañas judiciales de cautelares y contracautelares obtenidas entre gallos y medianoche. Es decir, sabían perfectamente lo que estaban haciendo cuando comenzaron a operar. Ahora usan a la gente para salvarse. Hay que diferenciar el fraude impositivo del empresario ventajero con el efectivo derecho del resto de la industria tabacalera que sí crea empleo de forma legal pagando todos los impuestos correspondientes”, acotó Trillo. Y al pasar, le entró duro al fallo de los camaristas Facciano y Toledo: “Es necesario diferenciar a las tabacaleras que trabajan en forma legal de las que aprovechan para competir deslealmente no pagando impuestos con el inaudito consentimiento de algunos jueces federales”, espetó. 

Mientras tanto,  del otro lado del ring los apoderados de Bronway cuestionan que “la ley Massalin no solo fijó un impuesto mínimo impagable para las pymes, sino que bajó la alícuota del impuesto interno de un 75% a un 70% del precio de venta de los cigarrillos que cada empresa comercializa.  Y el resultado del lobby es evidente:  las tabacaleras grandes redujeron su tasa en un 5%, mientras que las pymes se vieron imposibilitadas de pagar el impuesto mínimo y por lo tanto, su destino era desaparecer, salvo que persigan y consigan la declaración de inconstitucionalidad de dicho impuesto mínimo, con una medida cautelar que las proteja hasta el dictado de la sentencia”.

Darío Ippólito, dueño de Bronway, también tiró con munición gruesa: “Tanto la Afip como algunos operadores de la Justicia están compenetrados para que la empresa cierre. Si no, no se entienden tantas trabas con algo que tendría que ser tan sencillo. Y si no, que vengan los jueces y directivos de Afip a darles las explicaciones a los empleados. No tengo problemas en entregarles la llave de la empresa a estos operadores para ver si pueden ponerla en marcha y sustentar a todas estas familias como lo hacemos nosotros desde hace más de quince años. Es fácil cobrar un sueldo del estado todos los meses”, enfatizó. Para el empresario, tener que pagar el impuesto equivale cerrar la tabacalera y dejar 200 trabajadores sin empleo.