Sorpresa: el blanqueo de capitales costará más caro en Santa Fe

El gobierno provincial presentó este martes 5 de noviembre la ley tributaria 2025, que incluyó las adhesiones al Régimen de Incentivo a las Inversiones (Rigi) y al Régimen de Regularización de Activos. pero hubo sorpresa. Los contribuyentes santafesinos que ya se adhirieron o puedan adherirse de aquí en más al blanqueo nacional deberán aportar una alícuota extraordinaria del 2%, con destino a las arcas de la Provincia de Santa Fe. 

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, dio cuenta ante periodistas rosarinos de los contenidos de la ley de presupuesto y la reforma tributaria 2025, que ya fueron puestas a consideración de la Legislatura. Según explicó el funcionario, el destino de los fondos que se recauden serán destinados a brindar incentivos a “los contribuyentes cumplidores”. 

Tal como ocurre a nivel nacional, la contribución adicional del 2% regirá para los montos blanqueados por encima de los u$s100.000, un piso que incluye un monto similar cuando se trata de propiedades. La decisión se dio a conocer cuando la primera etapa del blanqueo está próxima a fenecer, aunque la administración del gobernador Maximiliano Pullaro había advertido que el contenido local de la adhesión iba a presentar cuestiones diferenciadas. 

Olivares presentó la fórmula santafesina como una oportunidad para los contribuyentes -incluso los que actúan en otras jurisdicciones- porque Santa Fe es una de las primeras provincias en avanzar con la adhesión a la norma nacional, que de todos modos deberá ser aprobada por la Legislatura, algo que se descuenta porque todo indica que el oficialismo tendrá los números para resolverlo en forma expeditiva. “Los contribuyentes que declaren sus activos en el ámbito de Santa Fe saben que pagando ese dos por ciento quedan cubiertos de cualquier reclamo que puedan surgir de otros gobiernos provinciales”. El ministro seguramente apunta a lo que pueda ocurrir con Provincia de Buenos Aires, donde el gobierno del kirchnerista Axel Kicillof apuesta a tomar en cada paso que da distancia de la administración de Javier Milei. 

Las consideraciones

La iniciativa del gobierno provincial establece que "toda medida debe subordinarse a la política de seguridad y no generar externalidades negativas a la misma", que "la oportunidad brindada a un sujeto que incumpliera oportunamente deberes fiscales, debe considerarse de carácter excepcional, y que debe tener un costo para quien fuera incumplidor". que "quien acceda a dicha posibilidad debe cumplir con todos los demás deberes tributarios" y la "ecuanimidad con quienes fueron cumplidores".

“Establecemos claras exclusiones para aquellos sujetos involucrados en delitos graves, asegurando que no se otorguen beneficios a individuos vinculados a organizaciones criminales o actividades ilícitas”, resaltó Olivares, quien aclaró que “se facultó a la Administración Provincial de Impuestos para requerir documentación fehaciente que acredite titularidad y valor de los bienes regularizados, y toda la información aportada estará protegida por el secreto fiscal”.

Desde el Gobierno provincial destacaron también que se exigirá la condición que, tanto el sujeto que adhiera al régimen como el grupo económico al que pudiese pertenecer, se encuentren al día con todos los deberes tributarios con el Estado provincial.

Por último, desde la cartera de economía subrayaron que los contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos o sujetos que realicen un emprendimiento productivo en la provincia, o quienes lleven a cabo construcción de viviendas, podrán tomar dicho impuesto como un crédito fiscal para aplicar a los Ingresos Brutos que deban tributar en el futuro.

La ley tributaria 2025, que establece también la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), plantea una actualización del Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) del 22 % (calculado sobre la última cuota del 2024), para lo cual se tomó un promedio ponderado de la variación porcentual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec).