Dólares del colchón: la Provincia no rechaza el plan pero toma distancia

Maximiliano Pullaro y sus ministros trabajaban desde hace meses sobre medidas que permitieran colocar la lupa sobre el blanqueo de capitales. El fantasma de las organizaciones narco criminales, y la posibilidad abierta en septiembre de 2024 por Nación para colocar dinero en plaza a través del Régimen de Regularización de Activos, encendió algunas alarmas. El gobierno santafesino contrató incluso a una consultora para que lo asesore con la problemática. 

Frente a la nueva convocatoria de la administración libertaria para que la gente saque “los dólares del colchón” y los vuelque en la economía formal, fue inevitable para la Casa Gris salir a desmarcarse. Esperaron que el ministro Luis Caputo notifique el proyecto para contrarrestarlo con un anuncio propio. 

En sentido contrario a lo dispuesto por Javier Milei, aunque sin contradecir al presidente abiertamente, los funcionarios santafesinos comunicaron la creación de un comité que endurecerá los controles para evitar que las bandas delictivas se aprovechen de una especie de “blanqueo recargado” ofrecido ahora por la administración nacional. 

El gobierno de Pullaro no instrumentará nuevos mecanismos de control. Tampoco sustituirá los que eran utilizados hasta el momento. La idea es que distintas áreas del Estado trabajen juntas y crucen información para disparar alertas cuando se advierta algún movimiento sospechoso de personas condenadas, que están siendo investigadas por la Justicia o por organismos de inteligencia criminal.

El apuro por marcar la cancha

Para Pullaro la seguridad es prioridad absoluta. El gobernador sabe que si eso fracasa nada de lo que pueda hacer en otras áreas le permitirá zafar de la condena de la sociedad. Resolver esa problemática es lo que la ciudadanía reclama desde hace años. Especialmente en Rosario. Omar Perotti es un ejemplo claro del descrédito que puede tener una gestión si hay debilidad o inconsistencia en ese área.

Por eso, el gobernador no demoró demasiado tras la presentación de Caputo y solicitó a dos de sus principales espadas, los ministros de Economía y de Seguridad, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, que salgan a anunciar lo que estaba en fase de laboratorio hace un tiempo: la creación del comité. 

Los dos funcionarios opinaron que la medida del gobierno nacional puede servir para reactivar la economía, y que podría colaborar con el 99 por ciento de los ciudadanos. Sin embargo, alertaron que también genera “ventajas” al uno por ciento restante, vinculado con el delito, que se beneficiará con controles nacionales que ahora asoman –según la propia definición de los ministros– más “laxos”. 

La lupa del gobierno provincial se colocará directamente en los integrantes de organizaciones delictivas que ya están condenados o que forman parte de un proceso judicial o son señalados dentro de tareas investigativas. Desde la Casa Gris definen el plan como un programa de “disrupción patrimonial y financiera”. 

El mecanismo, que buscará incluso colaboración de organismos nacionales, pretende que personas que “están en una lista negra, procesadas por narcotráfico”, no pueden inscribir una sociedad comercial, un inmueble o hacer operaciones, según explicaron desde la cartera de Seguridad santafesina.

“Una política local para contrarrestar efectos negativos de la medida nacional que puedan favorecer a la economía criminal. No tenemos pretensión de suplantar controles nacionales”, explicaron desde la gestión provincial.

Pullaro, pasado y presente

Pullaro no podía quedarse de brazos cruzados frente a la medida del gobierno nacional. Habría sido ir no sólo en contra de lo que prometió en campaña para llegar a la Gobernación o lo que declamó una vez instalado en la Casa Gris. También significaba desdecirse de las acciones que impulsó siendo ministro de Seguridad en la gestión del socialista Miguel Lifschitz. 

El radical fue, en 2016, uno de los impulsores de la ley 13.579, la que permite el decomiso de bienes a grupos delictivos. Es aquella que abrió la puerta, en 2018, a las subastas –inéditas en el país– de autos de alta gama o propiedades lujosas de poderosas figuras que manejan el delito en la provincia. 

“Para pelear contra grupos criminales, es necesario quitarles el poder económico. Era fundamental sacarle los bienes. Nosotros, en Santa Fe, entendimos esto”, aseguraba por aquellos años en que comandaba el Ministerio de Seguridad santafesino el actual gobernador. 

A comienzos de semana, en una entrevista televisiva, el presidente Milei opinó en sentido contrario sobre la manera de perseguir y golpear a las bandas que se dedican a la comercialización de drogas. “El narcotráfico se combate con el Ministerio de Seguridad, el de Defensa. No se utiliza la economía para combatir ese delito”, opinó. 

Pullaro prefirió callar sobre esa curiosa mirada presidencial, aun cuando en la Casa Gris escucharon azorados esa explicación del libertario. En la administración santafesina están convencidos de que quienes no se sumaron a la primera oferta de blanqueo –y que podrían hacerlo ahora– es porque claramente temían que sus bienes pudieran relacionarse con alguna práctica ilegal. De allí la redoblada inquietud.

“Todos aquellos que querían o podían sacar los dólares del colchón tuvieron un blanqueo generosísimo. Si ahora se habilita a los que ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, si se están retirando controles para que lo hagan, nos están obligando a abrir más los ojos”, advirtió Olivares.

Pullaro no dejará de insistir con el tema de la seguridad. Su gestión exhibe algunos resultados alentadores, aunque deba pasar mucho más tiempo para asegurar que hay un cambio consolidado. Esos avances han logrado niveles de respaldo en la población hacia la tarea en seguridad, aunque ese apoyo en muchos casos no se traslade a las urnas, tal como se evidenció en las ciudades más pobladas del territorio –y por lo tanto, las que más sufren la violencia urbana– el 13 de abril pasado. 

De acuerdo a los sondeos de opinión que se han hecho sobre el tema, la gente señala al gobernador como el principal responsable de esa mejora. Ubican en segundo lugar a Patricia Bullrich. 

No es extraño, entonces, que el radical saliera rápidamente –aunque a través de sus ministros y cuidando las formas para no ser él quien confronte con el presidente– a exponer un alerta frente al nuevo blanqueo propuesto por el libertario. 

La seguridad ocupa un lugar central en su agenda. En la semana, por ejemplo, comunicó que su administración proyecta construir durante su gestión la misma cantidad de celdas que se hicieron en cien años. La idea es retirar a todos los presos de las comisarías. En Piñero, para alojar a los reclusos de alto perfil, se destinarán 140 mil millones de pesos para las obras. En Rosario, para la construcción de 320 nuevas plazas, otros 7.700 millones de pesos. 

Lo que está en juego, si logra domar un drama que durante años trastornó a los vecinos en las grandes urbes de la provincia, es mucho. Demasiado. Quizás hasta pueda marcar a fuego su futuro político.