Inocencia Fiscal: activan el esquema para sacar los dólares del colchón

El Gobierno puso en marcha la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca incentivar que los ahorros en dólares no declarados se incorporen al circuito formal de la economía. La norma redefine el esquema de control tributario y apunta a brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes, en un contexto de necesidad de liquidez y reactivación de la actividad.

La reglamentación establece el funcionamiento del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permitirá a un segmento de personas humanas cumplir con sus obligaciones fiscales a través de declaraciones precargadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Quienes adhieran al régimen y paguen en tiempo y forma no deberán justificar incrementos patrimoniales ni el origen de determinados fondos, salvo que existan inconsistencias relevantes o indicios de maniobras fraudulentas.

Uno de los puntos centrales del esquema es el llamado “efecto liberatorio”. Bajo este concepto, el organismo recaudador no podrá reabrir fiscalizaciones sobre los períodos alcanzados por el régimen, excepto en casos excepcionales vinculados a evasión grave. La medida busca despejar uno de los principales temores de los ahorristas a la hora de ingresar fondos al sistema formal.

La norma también introduce cambios en los mecanismos de control habituales, con una limitación de los cruces automáticos sobre consumos personales y variaciones patrimoniales, y una actualización de los umbrales a partir de los cuales las operaciones financieras deben ser reportadas. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es concentrar la fiscalización en casos de mayor relevancia y reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes de menor escala.

Según explican fuentes oficiales, la Ley de Inocencia Fiscal no constituye un blanqueo tradicional, ya que no implica una condonación de impuestos ni la eliminación de antecedentes, sino un cambio en la lógica del control tributario y en los montos a partir de los cuales una falta pasa del plano administrativo al penal.

La iniciativa generó reacciones dispares. Mientras sectores empresarios y tributaristas valoran la mayor seguridad jurídica y la reducción de la incertidumbre fiscal, otros especialistas advierten sobre la necesidad de mantener controles efectivos y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y prevención del lavado de dinero.

Con la reglamentación ya vigente, el Gobierno apuesta a que una parte de los dólares que permanecen fuera del sistema se canalicen hacia el ahorro formal, el consumo y la inversión. El impacto real del esquema dependerá del nivel de adhesión de los contribuyentes y de la forma en que el nuevo régimen se implemente en la práctica.