Por Redacción
Los fondos comenzarán a recibir aportes en diciembre y podrían administrar u$s10.000 M en cinco años. En qué invertirán.
Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) ya tienen 121 fondos comunes de inversión y dos fideicomisos financieros registrados para recibir aportes de empresas. El nuevo esquema, que comenzará a funcionar el 1° de diciembre, también cuenta con 54 sociedades gerentes habilitadas y promete movilizar grandes volúmenes de dinero en el mercado de capitales.
De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la estructura financiera está tomando forma antes de su puesta en marcha. Las estimaciones indican que, durante sus primeros cinco años, estos instrumentos podrían acumular alrededor de u$s10.000 M destinados a respaldar el pago de indemnizaciones laborales.
El mecanismo establece que las empresas deberán seleccionar un FAL para canalizar sus aportes e informar su elección a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). A partir de esa instrucción, el Banco Nación transferirá los recursos correspondientes al vehículo financiero elegido.
El cronograma prevé que los primeros aportes ingresen en diciembre de 2026, correspondientes a los salarios de noviembre. Posteriormente, los fondos atravesarán un período de acumulación de 12 meses durante 2027 y recién podrán comenzar a financiar indemnizaciones en enero de 2028.
Sin embargo, la implementación plantea un desafío para las administradoras. A diferencia de los fondos tradicionales, cuyos clientes deciden cuándo retirar su dinero, los FAL deberán estar preparados para desembolsar recursos destinados al pago de indemnizaciones, sin conocer de antemano cuándo se producirán esas obligaciones.
Esta particularidad condiciona las estrategias de inversión. Aunque los FAL tendrán características similares a las de grandes inversores institucionales, sus administradores necesitarán mantener suficiente liquidez para responder a eventuales retiros. Con el tiempo, las estadísticas sobre despidos podrían ayudar a estimar las necesidades de dinero, pero inicialmente no contarán con ese historial.
Dónde podrán invertir los fondos
La regulación contempla un conjunto limitado de instrumentos financieros para administrar los aportes empresarios. Entre las alternativas disponibles aparecen los títulos públicos nacionales, los bonos provinciales, las obligaciones negociables privadas y los depósitos bancarios.
Los instrumentos habilitados y sus principales restricciones son los siguientes:
- Deuda nacional: podrán adquirir Lecap, Boncap y bonos soberanos ajustados por CER, Tamar, tasa fija, instrumentos duales o vinculados al dólar, sin límites de participación.
- Bonos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires: deberán contar con oferta pública, negociación en mercados autorizados por la CNV y calificación AAA local de al menos dos agencias. No podrán superar el 15% del fondo, con un máximo del 5% por jurisdicción.
- Obligaciones negociables privadas: deberán tener cotización y calificación AAA. El límite será del 20% del patrimonio, con un máximo del 10% por emisor.
- Depósitos bancarios: podrán mantener recursos en cuentas a la vista o plazos fijos de entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con un tope del 15% por entidad.
El universo de activos todavía es reducido, aunque existe la expectativa de que posteriormente se incorporen otras alternativas. Entre las posibilidades aparece la inclusión de obligaciones negociables emitidas por empresas medianas que cuenten con garantías.
La aparición de estos fondos abre así una nueva fuente de recursos para el mercado financiero, pero también obliga a las administradoras a desarrollar mecanismos operativos diferentes de los habituales. El principal desafío será encontrar un equilibrio entre la rentabilidad de las inversiones y la disponibilidad de dinero para afrontar las indemnizaciones cuando las empresas lo necesiten.
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