Por Redacción
El plan entrará en vigencia el 29 de diciembre. El Gobierno tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
El presidente Javier Milei -a través de una cadena nacional- dio a conocer su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un paquete de medidas que fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial este jueves bajo la denominación "Bases para la reconstrucción de la economía argentina". Dicho plan comenzará a regir el 29 de diciembre. De todos modos, deberá atravesar un extenso camino para ser aprobado definitivamente por el Congreso.
A partir de este jueves, el Gobierno tiene un plazo de 10 días para enviar el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.
“Esta Comisión no trabaja desde hace un año; todavía tiene 100 DNU de Alberto Fernández sin tratar. Ahora va a tener que conformarse y emitir un dictamen”, indicó el abogado constitucionalista Félix Lonigro en diálogo con Radio Rivadavia. Una vez conformada, tiene 10 días hábiles para expedirse sobre la validez, si no lo hace, tanto Diputados como el Senado pueden analizarlo de oficio.
En esta instancia, el DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes. No se pueden introducir modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, sigue vigente. Solo quedaría nulo si tiene rechazo tanto en Diputados como en el Senado.
“Siempre se puede recurrir judicialmente, como control de legalidad o constitucionalidad, que puede ser interpuesto ante cualquier juez, que va a terminar en la Corte Suprema que tendrá la última palabra”, aclaró Daniel Sabsay, también abogado constitucionalista, entrevistado por Radio Mitre.
“Políticamente, tiene grandes de que el decreto siga, pero judicialmente algunos capítulos se pueden complicar, como la parte del derecho laboral, las multas, los convenios colectivos”, amplió el letrado Diego Armesto.
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