Por orden de la Justicia, el Gobierno frenó 300 despidos en el Inta

El Gobierno informó que cumplirá con la cautelar de la Justicia que le impide despedir a más de 300 trabajadores del Inta, Instituto de Semillas y Vitivinicultura. De no hacerlo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se exponía a una multa diaria de $10 M.

Marta Novoa, directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, envió este viernes al titular del Inta, Nicolás Bronzovich, una nota interna ordenándole que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto 462/2025”.

Ese decreto, que impulsó el ministro Federico Sturzenegger para poder intervenir en el Inta, dominar su caja, echar su personal y poder poner a la venta parte de sus campos, fue objetado por al justicia federal de San Martín, que ordenó no novar durante al menos seis meses, pero además fue derogado por el Congreso de la Nación, con votaciones aplastantes tanto en Diputados como el el Senado.

La medida dictada por Novoa surge a partir de la cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con el objetivo de detener los despidos y reubicaciones que el Gobierno había dispuesto en el organismo.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional “deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69”.

La notificación de Novoa establece con claridad que Bronzovich no podrá realizar ningún tipo de modificación en los recursos humanos del INTA durante seis meses, hasta fines de febrero de 2026. La prohibición incluye reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o cierre de estaciones experimentales y otras estructuras ya existentes.

De esta forma, la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que disponía el pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores del organismo, también queda sin efecto, ya que su aplicación sería considerada un incumplimiento a la resolución judicial.

La Justicia no solo ratificó la medida cautelar, sino que la amplió con una advertencia contundente: en caso de incumplimiento, el Estado será sancionado con 10 millones de pesos por cada día en que no respete lo resuelto.