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Negocios

Sin anestesia

Nuevo round en la pelea entre Provincia y los prestadores médicos por Iapos

Por Redacción

Ahora los anestesistas exigen a los afiliados de la obra social que paguen el servicio de su bolsillo y tramiten reintegros después. 

Los cortocircuitos entre el Gobierno provincial -administrador de la obra social Iapos- y los prestadores de servicios de salud siguen en pie. El primer round había sido en mayo, cuando médicos y efectores le cerraron el grifo a los afiliados de la obra social de empleados públicos de Provincia. Aunque ese problema se solucionó, ahora aparece una nueva grieta: en Rosario y área de influencia, los anestesistas cambiaron la modalidad de pago, y le exigen a los socios abonar el servicio de su bolsillo en el momento de la prestación, y luego tramitar el reintegro.  

La decisión se puso en vigencia este lunes 15 de julio, después de que así lo estableciera la Asociación Rosarina de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ARA).

¿Por qué lo hacen? Le reclaman a la obra social que actualice aranceles y que pague una deuda por prestaciones. La suma impaga, según ARA, asciende a $300 M y corresponde a prestaciones realizadas desde febrero en adelante.

El presidente de la entidad aclaró que "si bien ayer hubo una cancelación parcial, aún están pendiente de cobro los meses de mayo y junio”. En cuanto a los aranceles, Dimónaco sostuvo que la última actualización fue en marzo. "Ese atraso, sumado a la deuda de las prestaciones, hizo que los anestesiólogos tomáramos esta decisión de cambiar la forma de cobro”, agregó.

La bomba que estallaría en agosto

Ahora bien, las asperezas son mutuas. Para agosto, la Provincia anunció que habilitará un canal de denuncias para evitar el cobro del plus, a través de una plataforma digital. La orden médica digital va a permitir generar un token para que lso afiliados puedn denunciar irregularidades y agragr un comprobante en caso de que la diferencia haya sido abonada. Si ese comprobante faltara, será un problema tributario para los profesionaels y centros de salud, que irán a parar a manos de la API. Ante la reiteración de casos, serían considerados "contribuyentes de alto riesgo fiscal". 

 

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