Nuevo acuerdo: estabilización macroeconómica y condicionalidades externas

En julio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) aprobado en abril, habilitando un desembolso adicional de u$s2.000 M. Dicho programa, con un monto total de u$s20.000 M, constituye el mayor paquete de asistencia financiera para Argentina en los últimos quince años.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el esquema económico se orienta hacia la estabilización macroeconómica mediante tres ejes:

-consolidación fiscal con reducción del gasto primario;

-apertura del mercado cambiario, con eliminación del cepo y desregulación de flujos de capital;

-política monetaria contractiva, con tasas de interés de referencia en niveles elevados para absorber liquidez y contener presiones sobre el tipo de cambio.

Dinámica de la inflación y el producto

El impacto inicial de las medidas fue significativo: la inflación interanual, que había superado el 200% en 2024, descendió a valores cercanos al 40% en julio de 2025, evidenciando un proceso de desinflación más rápido de lo previsto por analistas privados. En paralelo, el PIB creció 6,1% interanual en el primer semestre, aunque con señales de desaceleración hacia el tercer trimestre.

Este proceso de estabilización presenta tensiones estructurales:

-Desempleo en alza: la tasa se ubica en torno al 8%, reflejando la contracción de la demanda interna.

-Desigualdad creciente: la distribución del ingreso muestra una ampliación de la brecha entre deciles, con pérdida de poder adquisitivo en sectores asalariados informales.

-Restricción externa persistente: pese al acuerdo, las reservas netas siguen en niveles críticos, condicionando la sostenibilidad cambiaria.

Costo del financiamiento interno y estructura de tasas

La política monetaria restrictiva se traduce en un costo del crédito elevado. En la última licitación de títulos en pesos, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) promedio alcanzó 4,01%, con un rollover del 76,3%. A su vez, las cauciones operaron con tasas cercanas al 34% anualizada, evidenciando la preferencia de los agentes por instrumentos de muy corto plazo.

Este esquema tiene un doble efecto:

-positivo en términos de anclar expectativas y evitar dolarización inmediata de portafolios,

-negativo al desalentar la inversión productiva y limitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al crédito.

Condicionalidades y sostenibilidad fiscal

El acuerdo con el FMI establece compromisos estrictos: déficit primario cero hacia 2026, acumulación de u$s10.000 M en reservas en dos años y reducción paulatina de subsidios mediante la liberalización de tarifas y combustibles.

La implementación de estas metas no está exenta de riesgos. La consolidación fiscal puede profundizar la contracción del consumo interno, mientras que la eliminación del cepo cambiario, si bien mejora el flujo de divisas y facilita la inversión externa, puede presionar sobre la inflación en ausencia de un ancla salarial o cambiaria de mediano plazo.

El desafío reside en la capacidad del gobierno de sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción de la demanda agregada.

Consideraciones estructurales y riesgos

Desde una perspectiva académica, el acuerdo puede interpretarse como una estrategia ortodoxa de estabilización basada en credibilidad externa. Sus principales riesgos son:

-fragilidad social, dada la erosión del ingreso real en sectores vulnerables;

-riesgo político, frente a la proximidad de las elecciones legislativas;

-dependencia externa, ya que la disponibilidad de divisas continúa condicionada a desembolsos multilaterales.

La sostenibilidad de la estabilización dependerá de la capacidad de compatibilizar las metas fiscales con un sendero de crecimiento inclusivo. Sin un aumento en la productividad y la inversión real, el ajuste podría derivar en un equilibrio precario de baja inflación con estancamiento económico.

El acuerdo con el FMI constituye el dato económico más relevante del escenario actual argentino. Desde el punto de vista técnico, representa un avance hacia el reordenamiento macroeconómico, pero plantea interrogantes sobre su viabilidad social y política. El país se enfrenta al dilema clásico de las economías emergentes: consolidar la estabilidad nominal sin sacrificar la recuperación del empleo y la cohesión social.