Los intendentes amenazan con demandar al Gobierno nacional

Los intendentes de las principales ciudades de Argentina (que el último jueves emitieron un duro comunicado por el anuncio de la eliminación del Fondo Compensador para el transporte del interior) esperan la publicación oficial de la decisión para hacer una presentación en la Justicia. Los intendentes advierten que, hasta el momento, no fue publicado el decreto necesario para terminar con una institución creada por ley y cuyos recursos están presupuestados.

Al prorrogar el presupuesto 2023, la gestión de Javier Milei mantiene los montos asignados que, si se actualizaran en función de la inflación proyectada en esa norma, serían unos $140.000 millones este año. El decreto no puede ser retroactivo, por lo que la Nación debe pagar enero -que no lo hizo- y febrero (que a esta altura ya suele ser mes cancelado).

Pablo Javkin, intendente de Rosario, contó que tuvo una “buena conversación” con el ministro de interior, Guillermo Francos, y adelantó que los intendentes viajarán a Buenos Aires “a plantear el sentido común, la razonabilidad tiene que imperar”. Y afirmó: “Dicen que es una represalia contra las provincias pero no es contra los que gobernamos, es contra los ciudadanos del interior”.

“Esta medida no es contra los intendentes -sostuvieron los jefes comunales en un comunicado-, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”. Venían, hace semanas, conversando con Transporte un posible aumento de los recursos del Fondo.

A diferencia de otros giros de la Nación a las provincias, los del transporte tienen trazabilidad: se entregan a las empresas contra CUIT y las unidades tienen GPS para auditar los recorridos. “No hay argumentos para sostener que van a una caja negra. Van a las empresas y favorecen a los ciudadanos”, dijo a La Nación Gabriel Bermúdez, secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba.

Añadió que el acuerdo para la instrumentación de la SUBE en la ciudad se firmó en setiembre pasado. “Si estuvieran mil máquinas y los plásticos, se puede avanzar pero no hay nada de eso. Entonces la transición hay que resolverla”, dijo.

Los intendentes coinciden en que es posible el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, pero subrayan que debe “ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio”. Y advirtieron que “hacerlo de manera improvisada, puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.

Javkin planteó que la Nación “debería aumentar el subsidio de la SUBE y por lo tanto, mantendría el aporte de manera indirecta” y dijo que “la medida no tiene lógica para cuidar recursos”.

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, ahora director del Instituto Consenso Fiscal, observó que el anuncio de la Secretaría de Transporte de la Nación fue a través de un comunicado. Advirtió que esa área del Gobierno pertenecía a Infraestructura [donde todavía sigue en el cargo Guillermo Ferraro, pese a que se anunció su salida el mes pasado] y que “no está aprobada ninguna fusión” de ese ministerio con el de Economía.

“De hecho, el presunto exministro Guillermo Ferraro, cuyo despido se anunció hace dos semanas, sigue siendo titular de su cartera. La desvinculación jamás se oficializó. Más aún, la Secretaría de Transporte aprobó hace tres días la Resolución Nro. 5/2024, bajo dependencia del Ministerio de Infraestructura”. Según Rodríguez, en ese contexto, la eliminación del Fondo Compensador debe “formalizarse” desde Infraestructura.