La Provincia actualizó la fórmula de pago a contratistas de obra pública

El gobierno provincial implementó por decreto dos instrumentos para la actualización de los costos de la obra pública, que mantenía bajo tensión el vínculo con los empresarios del sector y el desarrollo de los trabajos. Fueron dos decretos sucesivos, el primero de los cuales fija el índice de actualización y el segundo modifica la fecha de referencia para redeterminar los valores de las certificaciones de obra. Las dos instancias sirven para afrontar la disparada de los índices inflacionarios, que desplumaban a los contratistas. Con los nuevos instrumentos quedaron saldadas todas las deudas hasta noviembre incluido. 

Se trata de un sistema transitorio que se utilizará  para la confección de certificados de anticipo de ajustes por redeterminación de precios. Para ello se aplicará la variación del Índice del Costo de la Construcción (ICC) Nivel General publicado por el INDEC, respecto de la última redeterminación tramitada, adecuando la redeterminación de los trabajos ejecutados y certificados al mismo mes del índice correspondiente. El decreto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro con los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Economía, Pablo Olivares.

La vigencia de la nueva norma se extenderá por seis meses, con una opción de prórroga por seis meses más. Si al emitir el certificado aún no se publicó él índice correspondiente al mes de ejecución de los trabajos, se utilizará el último mes disponible y una vez publicado el índice del mes de ejecución de los trabajos se procederá a su ejecución. 

En el decreto se explica que la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Ciudad de Santa Fe- solicitó  "que se arbitren las medidas necesarias para la extensión del plazo" que vencía ese mismo mes.
Los anticipos de ajustes previstos en el artículo precedente, se aplicarán desde el mes de enero de 2024 para los certificados de trabajo ejecutados desde ese mes inclusive, siendo el último mes de aplicación, salvo prórroga expresa, el mes de junio de 2024, para los certificados de trabajos ejecutados en ese mes inclusive".
En diálogo con Punto biz, el ministro Olivares enfatizó que los instrumentos permitirán “allanar la relación con los constructores de obra pública, y acelerar ka curva de ejecución de obras”. 

La obra pública provincial a desarrollar con recursos propios se concentrará en trabajos de mantenimientos de rutas, obras civiles e hídricas. Por otra parte, el gobierno gestiona colocar a través de la Bolsa de Rosario obras relacionadas con los accesos a puertos, el agregado de un tercer carril para la autopista Rosario Santa Fe -en el tramo que une a Rosario con San Lorenzo- y la ruta 91, que facilita el acceso a los puertos de Timbúes. Para estos trabajos, la Provincia tiene un límite de $ 50.000 M para ejecutar. 

Otras obras como el Acueducto de Baigorria, la cascada del Saladillo en la zona sur de Rosario y la planta potabilizadora de Santa Fe dependen de los aportes nacionales, y por lo pronto se encuentran en el limbo. El gobernador Pullaro tenía un incipiente diálogo con el exministro Guillermo Ferraro, pero ahora esa cartera fue subsumida por el ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo. Cuando el paquete fiscal fue retirado del proyecto de Ley Ómnibus, el jefe del Palacio de Hacienda advirtió que podrán venir nuevas podas de recursos. 

Pagos a proveedores

La administración Pullaro puso en observación una serie de gastos que se dispararon durante el último semestre de la gestión de Omar Perotti, a partir de partidas que crecieron geométricamente. Más allá de algunas cuestiones puntuales, la intención de Olivares es la de “resetear los pagos pendientes con los proveedores dentro de los próximos 60 días”. Con todo, el funcionario advierte que “habrá que afrontar un semestre estresado” por las complejidades de la situación económica.