La Justicia cerró la causa contra dos empresarios y cuestionó su origen

La Justicia Federal de Rosario cerró la investigación contra los empresarios Claudio Adrián Iglesias y Jorge Luis Oneto, dos de los nombres que habían quedado involucrados en una causa iniciada durante la gestión del exjuez federal Marcelo Bailaque.

La decisión fue tomada por el juez federal Carlos Vera Barros, quien dictó el sobreseimiento de ambos empresarios y cuestionó las circunstancias en las que se originó el expediente. El planteo no se concentró solamente en el contenido de la investigación, sino en un aspecto previo y decisivo: cómo llegó a ponerse en marcha.

El dato que aparece como una de las claves de la resolución está en los horarios. Según surge de la documentación analizada, la denuncia que terminó dando impulso a la investigación habría ingresado al juzgado a las 12.35 del 14 de agosto de 2019. Sin embargo, la denuncia anónima que supuestamente había dado origen a esa presentación fue registrada en la entonces Afip recién a las 12.55.

La diferencia es de apenas 20 minutos, pero para la defensa y para quienes analizaron el expediente tiene una relevancia central. Si la denuncia que debía poner en conocimiento de la Justicia los hechos investigados fue formalizada después de que el expediente judicial ya estuviera iniciado, aparece un interrogante sobre el verdadero origen de la causa.

Y ese fue precisamente uno de los puntos que terminó pesando en la decisión de Vera Barros.

Una causa que había comenzado en 2019

La investigación había comenzado en agosto de 2019 a partir de una denuncia anónima que involucraba a Iglesias y Oneto por presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos.

El expediente quedó entonces bajo la órbita del juzgado que por aquel momento encabezaba Bailaque. Con el paso del tiempo, la causa incorporó informes patrimoniales, movimientos financieros y otros elementos utilizados para avanzar sobre la situación de los empresarios.

La investigación incluso tuvo distintos capítulos posteriores. En 2025, Vera Barros había avanzado contra Iglesias y Oneto con medidas procesales que incluían embargos y restricciones para salir del país.

Pero mientras la causa avanzaba, también empezó a quedar bajo la lupa el propio funcionamiento del juzgado de Bailaque.

El exjuez terminó involucrado en una investigación por una presunta trama de corrupción que incluía el supuesto direccionamiento de expedientes judiciales y maniobras extorsivas. En ese contexto apareció nuevamente la causa que había tenido como protagonistas a Iglesias y Oneto.

El origen quedó en el centro de la escena

La discusión sobre cómo comenzó el expediente cobró especial importancia a partir de los elementos incorporados a la investigación sobre Bailaque. Uno de los protagonistas de esa causa es Carlos Vaudagna, exfuncionario de la Afip, quien quedó involucrado en las maniobras investigadas alrededor del funcionamiento del juzgado federal rosarino.

La hipótesis de los investigadores apunta a que determinadas causas podían ser utilizadas como herramientas de presión sobre empresarios, con posteriores pedidos de dinero para destrabar o frenar las investigaciones.

En ese escenario, el expediente contra Iglesias y Oneto pasó a ser observado desde otra perspectiva.

Lo que antes aparecía como una investigación por presuntas maniobras financieras comenzó a ser revisado también por las circunstancias que rodearon su nacimiento. Y allí apareció la diferencia horaria entre la denuncia que llegó al juzgado y la presentación que supuestamente había originado esa denuncia.

Para Vera Barros, ese punto resultó suficiente para considerar inválido el inicio de la investigación y los actos procesales que dependieron de él.

La resolución no se limitó a disponer el sobreseimiento de los dos empresarios. El juez declaró la nulidad del acto procesal que había dado inicio a la investigación y extendió sus efectos a las medidas posteriores que dependían de ese acto.

De esta manera, quedaron alcanzadas distintas actuaciones realizadas durante el trámite del expediente, entre ellas medidas de prueba y procedimientos que habían permitido avanzar sobre la situación patrimonial de los empresarios.

Con el sobreseimiento, Iglesias y Oneto dejaron de estar sometidos a la persecución penal en esta causa y también quedaron sin efecto las restricciones que todavía pesaban sobre ellos.