La corporación judicial le marca la cancha al Poder Ejecutivo

Algunas complejidades han asomado esta semana para la gestión del gobierno provincial. No fue la oposición, como suele ser lo habitual en el mundo de la política, la encargada de colocar algún escollo en el camino de Maximiliano Pullaro o de convertirse en la incómoda piedra que rueda, pertinaz, dentro de los zapatos del gobernador. Nada de eso. Las malas nuevas asomaron, esta vez, por el lado de la Justicia. 

Hubo dos episodios que sacudieron el ritmo sostenido que el radical intenta imprimir a su gestión. El primero expone alguna divergencia interna dentro del frente oficialista al momento de elegir a los integrantes de la flamante Cámara de Ejecución Penal.

El segundo alerta fue la reunión que magistrados y empleados del Poder Judicial de toda la provincia montaron el viernes en Rosario. Desde ese ámbito de poder parecen ahora decididos a mostrar los dientes. El malestar con el Ejecutivo es evidente. ¿Asomarán desde allí los problemas que Pullaro no ha tenido hasta el momento para avanzar con sus múltiples reformas? 

Aprovechando la mayoría legislativa y un acompañamiento benévolo de algunos sectores de la oposición, el gobernador ha propuesto desde el inicio de su mandato cambios para afrontar un presente económico y financiero complejo, aunque también apostó a una batería de medidas para conseguir instrumentos jurídicos que le permitan atacar, entre otras cuestiones, el drama de la inseguridad. Ha tenido, como parte de esa estrategia, a un aliado valioso como es el socialismo. Su principal socio dentro de Unidos ha mostrado alineamiento y pericia para trabajar los pedidos del gobernador en la Legislatura.

Esa lealtad es por ahora irreductible, aunque no ciega. Esta semana pudo verse algún reparo entre los legisladores del Partido de la Rosa para aprobar los pliegos de quienes deben integrar la Cámara de Ejecución Penal, un organismo creado por el Ejecutivo y que considera clave en materia de seguridad, ya que tendrá a su cargo orientar la política judicial en el ámbito carcelario.

Esta semana la Comisión de Acuerdos entrevistó a dos candidatos fuertemente cuestionados por la oposición, los fiscales Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón. Ambos llegaron a este punto del procedimiento precedidos por un antecedente complejo: reprobaron un primer tramo del concurso, aunque luego impugnaron esa decisión y volvieron a quedar en carrera. Finalmente fueron elegidos por el Ejecutivo sin tener en cuenta el orden de mérito: Haurigot terminó octava y Pueyrredón decimosegundo. El gobierno explicó las designaciones sin maquillar los motivos. “Decisión política”, según planteó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

El miércoles fueron entrevistados antes de que sus pliegos fueran tratados por la Asamblea Legislativa, que al día siguiente debía sesionar para aprobar o no sus designaciones. Algo en el oficialismo, que tiene mayoría parlamentaria y podía apurar el trámite sabiendo que iba a imponerse, sucedió. Es claro que en el socialismo hay cuestiones que no terminan de convencer en las elecciones que propuso el gobernador. Se juntaron con él, debatieron. En el Ejecutivo creen que el jueves próximo Pullaro terminará teniendo los avales para los tres camaristas que impulsó, incluso los dos más cuestionados. Pero la demora marcó toda una señal.

Demostración de fuerza y críticas judiciales

En el peronismo denunciaron que el radical cambió las reglas de juego sobre la marcha y que la imposición de tres camaristas sin la mejor ubicación en el orden de mérito debe ser interpretada como un quiebre institucional. Pero ese reparo no llegó sólo de sectores que se ubican en la vereda contraria dentro de la política. La Justicia también advirtió algo semejante. Y lo hizo con una demostración de fuerza desacostumbrada. 
El viernes, en Rosario, se reunieron más de cien magistrados y funcionarios judiciales de toda la provincia. Aunque es habitual que eviten las exposiciones ostentosas en público, esta vez buscaron dejar una imagen impactante y de fortaleza: posaron en las escalinatas de los Tribunales provinciales, una forma de decir “acá estamos”.

Esa postal no fue, sin embargo, lo único que dejaron. Por lo bajo o en el contacto con la prensa, cuestionaron las reformas que intenta concretar Pullaro. Todas: la previsional, la constitucional y la que lleva a una reformulación profunda en los nombres que integran la Corte Suprema. También, advirtieron por el manejo de la caja del Poder Judicial, la lentitud para cubrir vacantes y los cambios en los concursos para la selección de jueces, que observan quedó montado ahora como un mecanismo más discrecional. Sobre esto último marcaron como un ejemplo claro lo que sucede con la designación de los tres miembros para la Cámara de Ejecución Penal. 

El combo de temas que cuestionan, dicen, atenta contra la independencia del poder judicial. Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de Magistrados, llegó a asegurar que existe una “regresión” en la calidad institucional de la justicia provincial. En los pasillos recordaban con pesar que la embestida de Pullaro se inició ni bien puso un pie en el poder, hablando en su discurso de asunción de una justicia “cara e ineficiente”. 

El gobernador, se recuerda, pretende renovar la Corte Suprema con el argumento de que cinco de sus seis jueces –aunque uno de ellos ya anunció su retiro– superan la edad permitida de 75 años para permanecer en sus cargos.

Los cortesanos resisten y el Ejecutivo avanza por distintos flancos. Contra ellos, pero también contra distintas piezas del Poder Judicial que están en situación semejante. 

La reforma previsional que presentó Unidos es una herramienta que ha encontrado el Gobierno para lograr correr a varios en la justicia: quien se suba a la ola ahora y se retire tendrá beneficios que la nueva ley le recortará. Y los jueces, con jugosos salarios, están a la cabeza de quienes pueden perder mucho dinero en el camino. Es una forma de empujar hacia la puerta de salida a aquellos que quisieran permanecer, pero que ahora, frente a las nuevas circunstancias, han decidido apurar el trámite jubilatorio. Los magistrados se quejan, además, porque el Gobierno los obliga con esa reforma a hacer mayores aportes, incluso uno extra, transitorio y solidario.

En el oficialismo tomaron nota de la foto y del desafío exhibido en Rosario, pero lo minimizan. Creen que es la reacción lógica de un grupo que intenta mantener ciertos privilegios. Pullaro pretende que nadie demore sus planes. Al menos los de fondo. Se entiende la premura. El viento de cola tras un triunfo concluyente, y la ventaja de estar frente a un oasis dentro del siempre ajetreado calendario electoral argentino, es algo que debe aprovechar.

El año que viene, cuando sea el tiempo de volver a votar, los escollos pueden comenzar a multiplicarse.