Justicia exige a Sancor precisiones por el acuerdo con una láctea cordobesa

El Juez en lo Civil y Comercial de la 4ta Nominación de Rafaela, Guillermo Vales, a cargo del concurso preventivo de acreedores de Sancor, intimó a la cooperativa a brindar información detallada y acompañar la documentación pertinente sobre los contratos que habría suscripto con la firma Elcor S.A. —productora de la marca Tonadita— en un plazo de 48 horas. La medida se dispuso tras un planteo de la sindicatura, que alertó por la ausencia total de datos en el expediente sobre un convenio que, según difundió la propia Sancor en medios nacionales, permitiría aumentar los litros de leche procesados y reactivar parcialmente las plantas de Gálvez y Devoto.

El juez dejó constancia de que, en caso de incumplimiento, podría disponer la separación de los actuales administradores de la cooperativa. Se trata de una advertencia de peso en un expediente que sigue abierto desde febrero pasado.

Según fuentes de la asesoría letrada de la sindicatura consultadas por Punto biz, la inquietud central no radica en la legalidad del acuerdo, sino en su impacto sobre los intereses tutelados en el proceso concursal. “El concursado conserva la administración de su patrimonio, pero no la disposición. Puede realizar actos vinculados al giro normal de su actividad sin autorización judicial, pero bajo vigilancia del síndico. En este caso, no hay información alguna sobre qué tipo de vínculo se celebró con Elcor, lo que genera preocupación”, apuntaron.

Desde la sindicatura explicaron que el problema no es que Sancor celebre un contrato de fasón —figura prevista por la ley y permitida durante la tramitación del concurso—, sino que no haya notificado al juzgado ni a la sindicatura sobre su existencia ni sus términos. “Lo que interesa saber es si esta actividad redunda en un beneficio para todos los acreedores —laborales, fiscales, financieros, productores tamberos— o si se trata simplemente de una estrategia para sostener una mínima operatoria, sin impacto real sobre el pasivo concursal”, detallaron.

La solicitud de informes es amplia e incluye detalles sobre condiciones contractuales, uso de activos, eventuales disposiciones de bienes o marcas, impacto económico estimado y proyección de ingresos. La sindicatura también señaló que el convenio, de haber existido, podría tener “cierta magnitud económica” por la amplia repercusión que tuvo en medios nacionales.

“La pregunta que se hacen todos los acreedores es cómo y cuándo les van a pagar. Si hay actividad productiva, quieren saber si esa actividad genera recursos que puedan volcarse al cumplimiento del acuerdo. La falta de información es lo que motivó este fuerte requerimiento judicial”, concluyeron desde el entorno del órgano de control.