Por Redacción
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas treparon a 2.241 solo durante el cuarto mes del año.
En abril, los juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) registraron un salto del 24,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, consolidando una tendencia que preocupa a las empresas locales por su impacto directo en los costos laborales.
Según el último reporte de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas treparon a 2.241 solo durante el cuarto mes del año. La foto del primer cuatrimestre agrava el diagnóstico: la provincia acumuló 6.535 nuevos casos, lo que representa una suba del 19,5% interanual, un porcentaje que pasa por arriba de la media nacional y posiciona a Santa Fe como la jurisdicción con mayor crecimiento entre los cinco distritos más grandes del país.
Desde la UART advirtieron que el volumen de demandas en Argentina alcanzó niveles "desproporcionados" al compararlo con sistemas internacionales similares, un fenómeno que se da en un contexto particular: la entidad no ofreció datos de siniestralidad, lo que desvincula el aumento de los juicios de un incremento real en los accidentes de trabajo. A nivel país, el cuatrimestre cerró con 39.687 nuevos pleitos (12.727 en abril), un 2,3% más que en el mismo período de 2025.
La proyección para el resto del año anticipa un escenario complejo para el rojo de las aseguradoras y las tarifas corporativas. Al analizar los últimos doce meses móviles, el sistema nacional acumuló 135.000 demandas y, de mantenerse la actual aceleración, el mercado proyecta cerrar el 2026 con un récord histórico de 138.600 juicios, empujado por distritos en rojo como Entre Ríos (+33%) y Chubut (+24%), mientras que CABA subió un 9% y Buenos Aires logró estabilizarse con una leve baja en el margen.
Frente a este mapa de conflictividad, el mundo de los negocios santafesino mira de cerca los efectos de la reforma del Código Procesal Laboral (Ley N° 14.437), recientemente sancionada por el Senado provincial. La iniciativa busca poner un freno de mano a la industria del juicio, dar previsibilidad al empleo local y alinear a Santa Fe con provincias vecinas como Córdoba y Mendoza, que ya venían aplicando recetas similares para contener la presión judicial.
Los ojos del sector privado están puestos en la letra chica de la norma, que introduce cambios clave en el corazón del sistema: pone en funciones al Cuerpo Médico Forense (cuyos peritos especializados ya juraron ante la Corte en Rosario), reduce drásticamente los plazos legales para presentar demandas y fija un límite estricto a los honorarios periciales, uno de los principales incentivos que denunciaban las empresas.
La puesta en marcha de esta ley, que además fortalece el Observatorio de Comisiones Médicas y modifica los términos de la adhesión santafesina a la Ley de ART, abre un compás de espera en el mercado. Las empresas locales confían en que el nuevo marco regulatorio empiece a desinflar las estadísticas de la UART en los próximos meses y devuelva el indicador a niveles más sustentables para la actividad económica.
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