Juicio por la Gran Estafa Inmobiliaria: fiscalía usó la tijera y bajó a testigos

Aunque inicialmente el fiscal de Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja, había ofrecido 700 testigos en el marco del juicio oral y público por la denominada gran estafa inmobiliaria, el cronograma de audiencias que se vienen desarrollando de lunes a viernes en el Centro de Justicia Penal se acortó abruptamente.

Este viernes declaró el último bloque de imputados en la causa por el resonante desapoderamiento de propiedades a sus dueños legítimos que se destapó allá por 2016 y a partir del martes se esperan los alegatos de la Fiscalía, paso previo a la instancia de sentencia por parte del tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Román Lanzón e Ismael Manfrin.

Lo cierto es que además de algunas críticas lógicas a la instrucción de la causa lanzadas por los imputados en el marco de sus estrategias de defensa, llamó la atención de los penalistas involucrados en el patrocinio de los involucrados en el expediente la decisión de Narvaja de bajar más de la mitad de la lista de 700 testigos que había pautado inicialmente.

“Ofreció 700 declarantes y cuando iba por el 210 desistió de repetir casi 500 testigos. Además no se trataba de testigos de procedimiento, al parecer las que se bajaron en declaraciones claves en la teoría del caso”, se limitó a mencionar el penalista Juan Lewis, defensor de los escribanos Aliau y Kurtzemann, quienes hablaron ante el tribunal durante la semana.

Respecto de los elementos que permiten justificar la decisión de Fiscalía de recortar la agenda de testigos, hay quienes aseguran que puede que Narvaja “haya caído en la cuenta de que había elementos que no podía probar”. En el caso de los abogados que han sido muy críticos de la investigación coinciden ahora en la “poca seriedad” del ofrecimiento de pruebas.

Desde la Fiscalía insistieron en aclarar a Punto biz que el recorte de testigos fue un esquema natural. "Los testigos desistidos tienen que ver con acciones que solo tenían sentido si se cuestionaba la regularidad de procedimientos", indicó Narvaja.

Puntualmente en relación al plexo probatorio hubo polémica a partir del rechazo del tribunal a la pretensión de Narvaja de incluir nuevos elementos una vez iniciado el juicio oral, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

El caso se destapó en 2016 con las acciones que ordenó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que derivaron en decenas de allanamientos que involucraron a estudios contables, escribanías y hasta oficinas en el diario decano de la prensa argentina.

El caso inicial fue el de las sucesivas ventas fraudulentas de 124 hectáreas en Villa Amelia, un procedimiento que se repitió con otros terrenos e inmuebles salpicando, en parte, a los mismos protagonistas. Lo que terminó sucediendo es que se falsificaban poderes y otros documentos para actuar en nombre de los titulares legítimos de esas propiedades y así concretar maniobras para lavar dinero.

Previo al comienzo del debate hubo dos imputados que fueron beneficiados con un principio de oportunidad. Uno de ellos es Leandro “Lelo” Pérez, quien admitió su culpabilidad en uno de los hechos investigados y aceptó tres años de cárcel, una multa superior a los 200 millones de pesos y el decomiso de bienes por un valor equivalente a 360 mil dólares. Del bloque inicial de imputados, también se acogieron al beneficio que supone reconocer la comisión delictual Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo y Juan Cruz González de Gaetano.

Los pedidos de pena de la Fiscalía son diferentes según la cantidad de hechos atribuidos a cada imputado y su rol en las maniobras. Así, se solicitaron 20 años de prisión y multas -calculadas según el valor real de la operación de lavado- por $344.081.151,73 para el escribano Eduardo Torres (se agrega pedido de 12 años de inhabilitación especial para ejercer), para el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, y para el sindicalista del turf Maximiliano González de Gaetano.

Hay pedido de penas importantes para otros tres escribanos acusados. Para Juan Aliau se pidió pena de 9 años de prisión, multa de $344.081.151,73 y 12 años de inhabilitación; mientras que para su par Luis Kurtzemann, el fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión, multa de $54.777.000 y 10 años de inhabilitación; y 7 años de prisión, multa de $ 81.598.854,13 pesos y 12 años de inhabilitación para José Gordó. En tanto, para el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, se pidieron 7 años de prisión, multa de $73.036.000,00.

Para Ramona Rodríguez, pareja de Aymo, solicitó 5 años de prisión; Vanina Viglione 5 años y 6 meses más multa de $4.745.371,53; Andrés Martín, 2 años de prisión; Sandra Moresco, 5 años de prisión y multa de $40.526.404,18; Magalí González de Gaetano, 3 años y 6 meses de prisión y multa de $6.636.993; y Omar Buscellato, 4 años y multa.

Además hay personas que ya fueron condenadas en juicio abreviado. Se trata de Jonatan Javier Zárate, Nicolás Aymo, Juan Cruz González de Gaetano, y el empresario Leandro Pérez, a quien le dieron 3 años de prisión y multa por el doble del valor del bien que fue objeto del lavado, indicaron desde Fiscalía. 

También cabe recordar que en 2019 el entonces fiscal regional Patricio Serjal -ahora imputado en la causa por juego ilegal- planteó el desistimiento de la acusación contra el contador Jorge Oneto y el empresario Pablo Abdala, frente a la devolución del dinero como retribución del daño causado a las víctimas.