Por Redacción
Lo acusan de transferir una cartera de créditos y luego urdir una maniobra para seguirla conservando. La denuncia es por estafa, asociación ilícita y lavado de activos.
La noticia corrió como reguero de pólvora en la mañana del martes 1° de diciembre, pero la confirmación tardó en ir a blanco sobre negro porque los uniformados que actuaron pertenecían a otra jurisdicción. La orden corrió por cuenta de la Justicia de Buenos Aires, y estuvieron dirigidos contra las instalaciones del Grupo Unión, liderado por Guillermo Whpei, en un caso por estafa, asociación ilícita y lavado de activos.
La acción judicial respondió a una denuncia del fondo de inversión TMF Trust Company por un incumplimiento contractual por $ 952 M. Es que el 20 de marzo de 2018 la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales controlada por Whpei le vendió una cartera de préstamos a la filial argentina de TMF. Dos años más tarde, TMF detectó que los pagos de la mutual dejaron de cumplirse. Según los denunciantes, "la negativa de pago fue fundada en la cuarentena", según contó el portal Rosario 3. La demanda original contra la mutual fue por $506 M pero para agosto de 2021 el cálculo actualizado suma $925 M.
El Grupo Unión obtuvo un primer fallo a favor en la causa que lleva la jueza Alejandra Alluid, atendiendo a una explicación: la pandemia había cortado los pagos involucrados en la cartera transferida. Pero TMF hizo su propia investigación y pudo detectar que el grupo Unión seguía recaudando al menos parte de estos créditos que las administraciones del sector público descuentan por recibo de haberes.
A partir de una consulta con la Municipalidad de Rosario, se detectó que el Grupo Unión había gestionado un nuevo número de cuenta para que se haga el depósito de las cuotas. Al quedar en evidencia el desvío de los fondos, se reactivó la denuncia y a partir de allí se desataron nuevas investigaciones de la Justicia porteña y a partir de allí surgieron los allanamientos. TMF amplió la denuncia general por estafa, agregando el delito de desbaratamiento de derechos acordados, asociación ilícita y lavado de dinero de origen ilícito.
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