Hace ruido default de firma agroganadera con abultada deuda financiera

Con una abultada deuda bancaria e importante volumen de cheques rechazados, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 2da Nominación de Cañada de Gómez declaró la apertura del concurso preventivo de acreedores de Agroganadera San Sebastián Elam SRL, firma con base en la localidad de Correa dedicada principalmente a la producción de ganado bovino, con diversificación en agricultura y actividad tambera.

La medida fue dispuesta mediante una sentencia de noviembre de 2025, pero tomó trascendencia en las últimas horas con la difusión de los edictos judiciales, en línea con el ruido que hizo entre proveedores la cesación de pagos de la compañía. De acuerdo a lo que pudo saber Punto biz, la firma tiene domicilio en calle Santa Fe 980 de Correa y está controlada por los hermanos Ezequiel Fernando Giomo y Vanina Giomo. Como sindicatura fue designada la contadora Perla Sabina Lioni y el juzgado fijó el 10 de abril de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos, el 26 de mayo de 2026 para la presentación de los informes individuales y el 22 de julio de 2026 para el informe general. El período de exclusividad se extenderá hasta el 21 de marzo de 2027; la concursada deberá hacer pública su propuesta el 25 de febrero de 2027 y la audiencia informativa fue fijada para el 14 de marzo de 2027 a las 10.

El concurso llega luego de que la empresa acumulara un importante pasivo financiero con fuerte exposición al sistema bancario. De acuerdo con la información disponible y considerando que los montos expresados en miles equivalen a millones de pesos, la deuda bancaria asciende a aproximadamente $3.976.462.000. Ese rojo se distribuye principalmente entre el Banco Santander Argentina S.A., con $1.308.053.000; el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., con $1.299.403.000; el Banco Macro S.A., con $810.049.000; y el Banco de la Nación Argentina, con $497.445.000. También registra compromisos con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado por $137.173.000, con Garantizar SGR por $21.674.000, con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por $20.665.000, con GS Negocios S.A. por $20.000.000 y con Finares S.A. por $2.000.000. La mayor parte de esas obligaciones se encuentran calificadas en situación 3 y 4 dentro del sistema financiero, reflejando atrasos significativos.

A la par del endeudamiento bancario, la firma exhibe un volumen crítico de cheques rechazados en cuentas personales vinculadas. Según surge de la pizarra oficial, se registran 3.202 cheques rechazados por un monto total de $4.795.379.019,65, sin cheques abonados. El volumen y la magnitud de los valores rechazados constituyen un indicador contundente del deterioro financiero previo a la presentación concursal.

El pasivo también alcanza a proveedores comerciales. Entre ellos figura un importante abastecedor de alimento balanceado para ganado, al que la agroganadera le adeuda $40.120.000 por mercadería entregada. Con una actualización del 10% incorporada en un mutuo propuesto —que no llegó a firmarse— el total reclamado asciende a $44.132.000. De acuerdo con fuentes del sector consultadas en reserva, la relación comercial se inició durante 2025 y los primeros incumplimientos comenzaron a evidenciarse hacia octubre, cuando los cheques entregados por la firma empezaron a ser rechazados. Según reconstruyen, el volumen de alimento consumido permitiría inferir un rodeo cercano al millar de cabezas en engorde, además de actividad tambera. También trascendió que hubo intentos informales de cancelación mediante entrega de hacienda, alternativa que no prosperó. En el mercado regional señalan que se trata de una empresa relativamente nueva, con escaso historial crediticio previo, lo que dificultó dimensionar a tiempo el riesgo comercial.

Con fuerte inserción en la economía de Correa y zona, la evolución del concurso será seguida de cerca tanto por entidades financieras como por proveedores y productores vinculados. El período de exclusividad hasta marzo de 2027 será determinante para evaluar si la sociedad logra formular una propuesta viable que permita su continuidad operativa o si el proceso deriva en una instancia más gravosa.