Grupo del agro entra en concurso y pone en marcha un plan para sanear u$s27 M

La Justicia rosarina dispuso la apertura de los concursos preventivos de Agro Ganadera Vidoret SA, Vidoret Servicios Agropecuarios SA y Libemar SA, las tres sociedades que integran el holding agropecuario de la familia Vidoret con base en Arteaga. Los procesos tramitarán de manera agrupada y con una sindicatura única, tal como había solicitado el grupo al presentarse en convocatoria de acreedores.

La decisión quedó en manos de la jueza Mónica Klebcar, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario, que mediante las resoluciones dictadas durante septiembre dio luz verde al proceso concursal.

La apertura judicial marca una nueva etapa para el grupo de Arteaga, que busca reestructurar un pasivo que, según había precisado a Punto biz su representante legal, ronda los u$s27 M. Mientras comienza el período de verificación de créditos, el holding puso el foco en sostener la operatoria y generar recursos con la nueva campaña agrícola.

En ese frente acaba de conseguir una primera señal favorable. Pese al concurso, la compañía logró sumar unas 500 hectáreas respecto del ciclo anterior y encarará la campaña sobre aproximadamente 5.700 hectáreas. "Estamos trabajando diariamente sobre una superficie que se incrementó un poquito en relación al año pasado, lo cual también nos pone muy contentos por la confianza de la gente que sigue depositando en nosotros. No es mucho, pero son 500 hectáreas más y estamos alrededor de las 5.700", dijo Augusto Vidoret, allegado a la familia controlante, abogado del holding desde hace más de una década y uno de los responsables de estructurar la presentación judicial, en contacto con Punto biz.

Para la empresa, el dato adquiere especial importancia porque buena parte de su explotación agrícola se realiza sobre campos arrendados. La posibilidad de renovar contratos y sumar superficie aun después de haberse presentado en concurso es interpretada por sus representantes como una señal de respaldo de los propietarios rurales con los que mantienen relaciones comerciales.

"El dato relevante y que genera satisfacción en la empresa es el apoyo que se ganó durante todos estos años y la buena reputación ante los arrendadores, que permitió que, aun concursados, pudiéramos incrementar la superficie arrendada", señaló Vidoret.

El abogado aseguró que el grupo encara la nueva campaña "con muchísima expectativa", apoyado además en pronósticos climáticos que considera alentadores. La apuesta es que una mejora productiva permita recuperar generación de caja y comenzar a construir una propuesta para los acreedores.

La apertura del concurso también obliga a atender los compromisos que se generan desde el inicio del proceso para sostener la actividad. Vidoret explicó que la compañía está negociando con sus proveedores los denominados gastos de conservación, es decir, las obligaciones posteriores necesarias para mantener en funcionamiento las empresas.

Una sindicatura para las tres sociedades

Según consta en los edictos judiciales, Klebcar dispuso que los concursos de Agro Ganadera Vidoret, Vidoret Servicios Agropecuarios y Libemar tramiten en forma agrupada bajo los términos del artículo 65 de la Ley de Concursos y Quiebras. Para los tres expedientes fue designada una única sindicatura categoría A, integrada por las contadoras Verónica Cicchitti, María de los Ángeles Garbuglia y Estela Sánchez.

El cronograma concursal ya está en marcha. Los acreedores tendrán hasta el 1° de febrero de 2027 para presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El informe individual deberá ser presentado el 17 de marzo y el informe general quedó fijado para el 4 de mayo. El período de exclusividad, durante el cual las concursadas deberán conseguir las conformidades necesarias para una propuesta de acuerdo preventivo, vencerá el 15 de octubre de 2027.

La elección de tramitar los concursos de manera agrupada había sido uno de los puntos centrales de la estrategia jurídica diseñada por el holding. Antes de que Klebcar resolviera la apertura, Vidoret había explicado a Punto biz que se buscó incluir desde el comienzo a las tres sociedades vinculadas para evitar cuestionamientos sobre eventuales movimientos patrimoniales entre las compañías.

La presentación judicial a la que accedió Punto biz reconstruye un deterioro financiero que, según la versión de las concursadas, comenzó con las sucesivas campañas afectadas por la sequía. En su etapa de mayor expansión, el grupo llegó a trabajar alrededor de 18.000 hectáreas entre campos propios y arrendados. Las pérdidas agrícolas y la necesidad de financiar las campañas siguientes fueron generando un endeudamiento que después se hizo cada vez más difícil de refinanciar.

"Después de las tres campañas con sequía nunca se pudo tapar ese pozo", había resumido Vidoret al explicar a este medio las causas que desembocaron en la presentación. A eso se agregó, según el planteo de las compañías, un costo financiero que llegó a ubicarse entre el 40% y el 60% anual en pesos, mientras la empresa reducía progresivamente su escala productiva. El holding pasó así de una estructura preparada para trabajar entre 16.000 y 18.000 hectáreas a explotar poco más de 5.000. Ahora, ya bajo protección concursal, la superficie vuelve a crecer por primera vez hasta ubicarse en unas 5.700 hectáreas.

El culebrón por una inversión de u$s4 M

En la explicación de la crisis también aparece un conflicto que Punto biz contó en 2023 y que tuvo como protagonista una inversión superior a u$s4 millones destinada a un acopio de granos y una planta de alimentos balanceados en Arteaga.

La puesta en marcha del complejo quedó atravesada por un fuerte diferendo familiar. Un familiar distanciado de los inversores promovió planteos vinculados con el establecimiento que demoraron su habilitación y derivaron en una extensa disputa administrativa y judicial.

Según explicó Vidoret, el plan financiero contemplaba que la nueva infraestructura comenzara a generar retornos entre ocho y diez meses después de su puesta en marcha. La demora se extendió durante años y obligó, de acuerdo con su versión, a atender los créditos tomados para la inversión con fondos provenientes de otras actividades del holding.

El diferendo finalmente quedó zanjado a comienzos de 2025 a favor de la puesta en funcionamiento del complejo, pero para entonces el grupo ya acumulaba el impacto de las sequías y una creciente carga financiera.

En el comunicado difundido tras la presentación concursal, el holding definió su situación como un problema de "iliquidez transitoria" y no de insuficiencia patrimonial. También aseguró que pretende mantener la actividad y elaborar una propuesta que permita atender a sus acreedores.