Gran Estafa Inmobiliaria: el acusado que embiste contra el fiscal

Mientras en la última semana en el juicio que se sustancia en Rosario para definir condenas a 13 imputados en la denominada Gran Estafa Inmobiliaria se expusieron algunas de las escuchas que complican a más de un implicado, uno de los involucrados que ya había arremetido contra el fiscal Sebastián Narvaja elevó la apuesta en las últimas semanas.

Se trata del ex agente de autos Roberto Aymo, quien de hecho estuvo preso en el marco de las actuaciones que ordenó Narvaja y que a mediados de 2021 había trascendido su denuncia al integrante de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Puntualmente Aymo solicitó que se investigue al fiscal Sebastián Narvaja por presunto delito de omisión de persecución, tras el polémico acuerdo que sobreseyó a dos empresarios en su momento inculpados: Pablo Abdala y Jorge Oneto. En aquel momento, el comerciante planteó que dicho procedimiento le habría ocasionado un perjuicio a la Provincia de "por lo menos" $91,3 M.

Según el relato de Aymo, sobre el que pesan acusaciones que van desde la falsificación ideológica de instrumento público hasta la estafa, al retirar y desistir la acusación, Narvaja "renunció a reclamar" esa cifra de dinero a Abdala y Oneto "por concepto de multa". La denuncia le cayó al fiscal Carlos Covani el 6 de julio de 2021. 

Vale recordar que en octubre de 2018, luego de ser rechazado en primera instancia, el juez de Cámara Daniel Acosta aceptó el denominado "criterio de oportunidad" y dio por desistida la acción penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del gerente de La Capital Pablo Abdala y el agente bursátil Jorge Oneto. Ambos zafaron de la causa sólo con el pago de un resarcimiento a los damnificados.

No se trata de la primera vez que el ex agente de autos denuncia a Narvaja. En otras ocasiones planteó irregularidades en su accionar durante la causa, aunque ninguna de ellas tuvo curso favorable. Esta vez Aymo va un poco más allá, al cuestionar el acuerdo que permitió que Abdala y Oneto salieran libres de culpa y cargo, muy polémico en su momento. Al plantear el acuerdo, Narvaja dijo actuar siguiendo instrucciones del por entonces jefe de los fiscales en Rosario, Patricio Serjal y llevó al juez ese planteo tras padecer fuertes presiones mediáticas y del Senado provincial, donde un grupo encabezado por el senador Armando Traferri lo había puesto en jaque luego de ser investigado por manejos irregulares en los subsidios que manejan los senadores. 

Lo nuevo

Más allá de los cuestionamientos expresados ante Covani, ahora Aymo subió la apuesta y en noviembre elevó un pedido para que sus denuncias contra Narvaja ya no sean evaluadas en el marco de la Fiscalía Regional 2 que venía presidiendo María Eugenia Iribarren en forma interina y que la semana pasada fue ratificada por unanimidad en la Legislatura provincial.

Fue Iribarren al que notificó al fiscal General Jorge Baclini para que tuviese en cuenta la voluntad de Aymo que afirmaba ser “víctima de una persecución por parte de las estructuras de la Fiscalía Regional 2”, motivo por el cual solicitó que fuese la Fiscalía General la que tome el caso.

Así, Aymo recibió el pasado 8 de febrero una cédula de notificación en la que Baclini le confirma haber tomado la recomendación de la jefa de los fiscales de Rosario. Habrá que evaluar ahora, que la Fiscalía General quedó en manos de María Cecilia Vranicich, que se resuelve respecto del accionar de Narvaja.

Al mismo tiempo, Aymo denunció maniobras de persecución sobre su persona en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura Santafesina e hizo lo propio en la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, dependencia que brinda asesoramiento jurídico a víctimas de violencia institucional y otras violaciones a los derechos humanos y cuya sede se encuentra en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) en la Capital Federal.