Estafa inmobiliaria: escribano y abogado pagaron caución para no ir presos

La fiscal rosarina Viviana O’Connell llevó en las últimas horas a audiencia imputativa a un escribano, un abogado y la esposa del letrado por una investigación iniciada en torno a un ardid para desapoderar de un inmueble a sus legítimos propietarios en el año 2018.

De acuerdo a la infracción que pudo recabar Punto biz de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la calificación legal provisoria del caso es “defraudación por suscripción engañosa de documento en concurso real con utilización de documento público adulterado y falsedad ideológica en calidad de co-autor y consumado”. En base a esa figura se avanzó en el involucramiento de los tres mayores de edad.

Quienes cayeron en la maniobra fueron el abogado Guido Corgnali, su mujer María Julieta Naveira, y el escribano Joaquín Fuster. Respecto de la maniobra en cuestión, Punto biz pudo verificar que en diciembre de 2018 Corgnali y Fuster armaron un esquema con el que abusaron de la confianza que la víctima de la estafa había construido con ellos. 

El esquema incluyó la firma de un boleto de compraventa. De acuerdo a lo que pudo exponer O’Connell en la audiencia, la víctima al momento de la rúbrica ignoraba que firmaba conjuntamente con escritura la transferencia de inmuebles pasando el mismo a estar a nombre de María Julieta Naveira. La propiedad en cuestión está ubicada en avenida Jorge Newbery y calle 1420.

Quedaron en libertad

El MPA reportó que, más allá que fueron aprehendidos antes de la audiencia, en el acto en cuestión se les hizo el respectivo control de detención, se dieron por admitidas las calificaciones legales y en acuerdo de partes se dictaron salidas alternativas a la prisión preventiva. Por caso, Corgnali tiene problemas cardíacos y ese fue un elemento que su defensa puso sobre la mesa para intentar que quedara tras las rejas bajo prisión preventiva.

Por lo pronto, a los tres imputados se les dictó una caución real de $10 M a cada uno que deben liquidar en los próximos 15 días, prohibición de salir del país, fijar domicilio y prohibición de contacto con la víctima y sus allegados.