Empresario rosarino suma complicaciones en varios frentes

Fue a principios de febrero que Punto biz lograba confirmar vía fuentes del Municipio que el empresario Juan Carlos Vargas, mencionado pero hasta el momento no imputado en una causa federal por narcotráfico, había abandonado la unión transitoria de empresas (UTE) que integraba para levantar y explotar comercialmente el bar del Anfiteatro Humerto de Nito. Lo Cierto es que alrededor de la figura de Vargas ahora hay novedades.

El pasado 19 de febrero, dos referentes de los negocios inmobiliarios denunciaron al empresario en cuestión ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el presunto delito de estafa. En la denuncia, a la que tuvo acceso Punto biz, no solo aparece Vargas como titular de la firma Adelante Broker Inmobiliario S.A., también son mencionados otros dos actores referentes del mundo de los bienes raíces. 

Lo particular del caso es que luego que la noticia tomó trascendencia pública, aparecieron más damnificados que reclaman fondos que en su momento entregaron al cuestionado empresario para hacer distintos tipos de negocios. De hecho, algunos asesores letrados de las supuestas víctimas no descartaban concretar esta semana nuevas denuncias penales para seguir la vía de quienes presentaron el caso a la Fiscalía el 19 de febrero pasado. En la nómina de damnificados figuraría hasta un reconocido socio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Por lo pronto nuestra denuncia todavía no tiene fiscal a cargo y si para mitad de semana no le designan uno, intentaremos reunirnos con la fiscal regional para exponer la situación”, precisó, en contacto con Punto biz, el abogado Gabriel Monserrat, que patrocina a los perjudicados que canalizaron la primera de las denuncias de estafa en el MPA.

De acuerdo a la denuncia, en fecha 21 de Abril de 2023 los dos perjudicados celebraron un contrato de mutuo con Juan Carlos Vargas por la suma de u$s15.000. de acuerdo a lo que reza en la denuncia, el monto sería “aplicado a diferentes proyectos comerciales uno de los cuales era una inversión en espectáculos artísticos y shows que realizarían en el Anfiteatro”.

Ahora bien, la cosa no quedó allí. En fecha 5 de mayo de 2023 le entregaron a Vargas otros u$s10.000 que habrían sido retirados de las oficinas de los damnificados por un presunto empleado del denunciado. La situación se repitió el 17 de mayo cuando las víctimas -siempre de acuerdo a la denuncia- le dieron en mano a Vargas otros u$s10.000.

La intranquilidad llegó cuando se vencieron los 30 días de la fecha de suscripción del mutuo. “Luego de insistentes reclamos, solo se recibieron como respuestas, evasivas, excusas, un vehículo Toyota Hiace y sobre finales del año 2023 ofreció cheques de la firma Balsuar SRL, que según sus palabras habían sido entregados por otros negocios a través de un individuo llamado M. S. domiciliado en Máximo Paz; haciendo constar que nunca hizo entrega de ninguno de los bienes ofrecidos”, se menciona en la denuncia.

“Todas y cada una de las acciones de. Vargas ante los reiterados reclamos no son más que maniobras engañosas tendientes a consolidar una estafa. Nunca inició ni ejecutó los espectáculos ni proyectos sobre los cuales acordó la inversión”, finaliza el planteo.

Retirado del negocio

La UTE que en su momento integró Vargas y de la que se retiró también era integrada por los empresarios Juan Pablo Saint Girons, titular de la productora de espectáculos Límite Producciones y Maximiliano Camp. El contrato incluyó en su momento la figura de Mario Santana, quien ganó originalmente la concesión y administra hoy el bar Gran Lago del Parque Independencia, que estaba estipulado se haga cargo de la operación gastronómica del espacio. Este último dato tampoco estaba confirmado ya que había rumores que indicaban que Santana también habría dado un paso al costado.

Vargas fue mencionado además en la causa denominada “Cosecha blanca”. El caso permitió desarticular una banda que realizaba vuelos transportando cocaína empleando una pista y un hangar ubicado en el loteo Campo Timbó, en la zona de Oliveros.

El empresario en cuestión en su momento fue señalado en la investigación del Juzgado Federal N°3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, ya que alguna de sus compañías podría haber sido empleada como herramienta para lavar activos provenientes del narcotráfico.

El operativo que permitió detectar la pista de aterrizaje narco dejó 10 detenidos e involucró a personas de nacionalidad argentina y colombiana. Pero las acciones de la Fiscalía Federal también se concentraron en el presunto lavado de activos de la organización.

El caso desnudó conexiones de la banda con empresarios que participaban de múltiples rubros. Puntualmente el caso se centró en la figura de Brian Walter Bilbao quien a través de prestanombres habría adquirido la sociedad VTX Rosario, controlante de los teatros Vorterix de Rosario y Mar del Plata. Ingresó a dicha empresa en octubre de 2018 cuando el presidente de la sociedad era Vargas, quedando luego al frente de la compañía la hermana de Bilbao.

Pero las empresas involucradas en las presunta maniobra de lavado son más. En el listado aparecen las firmas dedicadas a la explotación de taxis Remitaxi y Taxideral; la concesionarias de autos J.B. Exclusivos y VyA Digital, dedicada a la venta, armado y colocación de pantallas LED, cartelería, sonido, afiches e impresos para eventos públicos y privados. 

También los investigadores federales analizaron Glycine, dedicada a la adquisición, reparación y reventa de maquinaria agrícola, explotación de establecimientos rurales, ganaderos y agrícolas para el cultivo de granos, cereales y oleaginosas así como la compra, venta, importación, distribución y acopio de materia prima y agroquímicos. Además, está bajo la lupa una planta de biodiesel que funcionaba en un campo de Gálvez, pero debió ser trasladada a la localidad de Álvarez. El motivo de la mudanza fue la del dueño del campo: se trataba de Sebastián Romera, acusado por el tráfico de 400 kilogramos de clorhidrato de cocaína descubierto en junio de 2021 a bordo de un BMW estacionado en una cochera de Villa Gobernador Gálvez.

La nómina incluye a Ladrillera Rosario, dedicada a la compraventa de materiales de construcción y el alquiler mensual de cocheras con lavadero situadas en dos locaciones: Pueyrredón al 500 y Vélez Sársfield al 700.