El Gobierno licita un área para buscar petróleo y gas en el Mar Argentino

A través del Decreto 590/2026, el Ejecutivo dio luz verde este miércoles a una licitación internacional para conceder los derechos de exploración sobre el bloque CAN_200, en la Cuenca Argentina Norte, a unos 350 kilómetros de Mar del Plata. La iniciativa fue impulsada tras un pedido de Challenger Energy Group PLC, controlada por la británica Sintana Energy Inc.



Challenger Energy Group PLC opera como una firma de exploración de petróleo y gas que cotiza en la Bolsa de Londres y concentra su actividad en la plataforma marítima de Uruguay, donde tiene participación en dos bloques exploratorios, y mantiene activos en las Bahamas y en Colombia.

En octubre de 2025, la firma Sintana Energy Inc., con sede principal en Londres, Reino Unido, adquirió la totalidad del paquete accionario de Challenger y unificó ambas carteras para gestionar distintas áreas del Atlántico Sur, que incluyen licencias en Namibia y Uruguay.

Desde la Secretaría de Energía aclararon que, de momento, no se contempla un objetivo de inversión significativo, sino que se busca procesar nuevamente la información geológica existente. Según los resultados que se obtengan a ambos lados de la frontera marítima, las autoridades decidirán si perforarán la zona en un plazo de cuatro a 10 años.

De acuerdo con el propio texto del Ejecutivo, esta empresa británica manifestó su interés por obtener el permiso el 14 de febrero de 2025. Aunque la Subsecretaría de Combustibles Líquidos canalizó el requerimiento, la norma determina que el proyecto se resolverá a través de un concurso de carácter internacional. En otros términos: la compañía interesada no tiene garantizado que obtendrá la concesión.

De esta manera, el proceso busca “asegurar condiciones de concurrencia y transparencia”, por lo cual el Estado nacional no adjudicará el área de forma directa a la firma vinculada al Reino Unido.

La Secretaría de Energíase encargará de coordinar la licitación y confeccionar los pliegos reglamentarios. El decreto delegó en esta dependencia la capacidad de otorgar los permisos de rastreo y las futuras concesiones operativas.

Quienes resulten beneficiados con estas autorizaciones deberán pagar las regalías correspondientes por la extracción obtenida, bajo las pautas que fije la autoridad energética. La disposición incorpora cláusulas para trasladar posibles disputas a tribunales arbitrales externos, específicamente aquellos que participen de la Convención de Nueva York de 1958 -tratado comercial internacional que obliga a más de 170 Estados miembros a reconocer y ejecutar decisiones arbitrales en este tipo de casos-.