El Gobierno confirmó que cierra otros dos organismos

En el marco del plan motosierra, el Gobierno de Javier Milei anunció el desmantelamiento de dos organismos estatales. Este nuevo cierre implicará 900 despidos. Así lo informó el vocero Manuel Adorni. Los dos entes que se cerrarán Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Según detalló, la decisión se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto.

El portavoz cuestionó además “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había "160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.

"Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, denunció además.

El Gobierno avanza con despidos en otras áreas

La decisión que llevará adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, va en sintonía con la intención de cerrar la agencia de noticias Télam, del Inadi y los recortes en el Incaa y Pami.

El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022 a través de la firma del decreto (729/2022) y era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita del riñón de Emilio Pérsico.

El anuncio del cierre llega el día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que era funcionario.

De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.

En el mismo orden, en el sector público crece el temor porque se acerca el final de marzo y se prevén nuevos despidos. Vale recordar que el Gobierno nacional determinó a través del decreto 77/2023 publicado en el Boletín Oficial, la prórroga de la vigencia del Decreto 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, por el cual se establecieron restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional.