El Gobierno auditará más de un millón de pensiones por invalidez

Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó que el Gobierno enviará más de un millón de cartas documento para auditar las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), que estarán a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Pami.

Según informaron desde ambos organismos, el objetivo de esta acción "es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten". Esto se hará bajo un proceso escalonado que comenzará este mes.

Se trata de una medida que se esperaba desde hace meses. En septiembre, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 843/24 que endureció los requisitos para acceder a estas pensiones por invalidez laboral. El justificativo era que se "habían excedido" el número de pensiones y que no había posibilidad de que existieran 1.060.000 (el número que informaron las autoridades ese entonces) personas con ese tipo de complicaciones.

"Entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones", denunciaba el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, alegando que en el gobierno de Cambiemos el número se mantuvo estable pero que con la presidencia albertista ese número creció fuerte.

Aunque todos los números son estimativos provenientes de las usinas libertarias, en la Andis presumían que el desvío (y la ineficiencia) de esos fondos podría ser de un número entre u$s1.200 M y u$s2.000 M. Hasta el año pasado, los desembolsos por la PNCIL eran de u$s3.500 M.

Cómo se hará la auditoría

Hasta el momento se habían hecho dos pequeñas incursiones para auditar algunas pensiones. Una prueba piloto fue hecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 10.000 beneficiarios. Esta arrojó que el 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados. En provincia de Buenos Aires, 720 de 900 pensionados respondieron y, de este subgrupo, solo el 20% cumplía con la normativa.

¿Qué se hará en este caso? Según detallaron desde el Gobierno, la auditoría se llevará a cabo mediante un proceso escalonado y progresivo. Estará organizada en diferentes etapas y se pondrá especial atención a las pensiones más recientes, otorgadas durante el gobierno de Fernández.

La primera etapa consistirá en el envió de cartas documento a los beneficiarios de pensiones con un turno asignado con un médico de Pami para que presenten toda la documentación requerida. En la segunda parte, médicos de Pami harán las entrevistas y los controles propios de la auditoría.

En la tercera etapa se realizará el procesamiento de la información: los profesionales de la Andis analizarán la documentación de cada beneficiario. Y por último se emitirán los dictámenes y resoluciones de cada caso: se determinará si los beneficiarios cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio o si corresponde su suspensión.

Con la coordinación del Correo Argentino, se espera que las cartas lleguen a los más de un millón de beneficiarios en los próximos días, apuntando a que la primera etapa de la auditoría suceda este mes.