El FMI investigará el crédito otorgado a la Argentina en 2018

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa había anticipado que a fin de mes comenzaría la investigación sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el préstamo Stand By de 2018. El proceso de auditoría interna será llevado a cabo por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) y comenzaría el 27 de noviembre, pocos días después de la segunda vuelta electoral presidencial. Se evaluará cuál fue la utilización que se hizo del crédito que el directorio del organismo aprobó en junio de 2018 al gobierno de Mauricio Macri.

De hecho, ya hubo una instancia de investigación interna que fue realizada por el propio staff técnico del FMI y que tuvo sus conclusiones en diciembre de 2021. En este caso, quien tendrá la responsabilidad de la investigación será la OEI, que funciona con autonomía del board y del staff y que suele examinar el desempeño, fundamentos y resultados de los programas de financiamiento más relevantes del Fondo Monetario.

Según fuentes oficiales, el trabajo de la OEI comenzaría en Buenos Aires de manera presencial el 27 de noviembre, ocho días después del balotaje, y aseguraron que esa investigación tendría una primera instancia de conclusiones en enero de 2024, que es la fecha en la que Massa, si fuese electo jefe de Estado, apunta para iniciar la renegociación del acuerdo Extended Fund Facility (EFF) actual. La OEI y voceros del Fondo Monetario no contestaron consultas sobre esos detalles en el proceso.

La OEI cambió sus autoridades en octubre de 2022, y ubicó al Stand By de 2018 como uno de los préstamos del FMI que apuntaba a evaluar en lo sucesivo. Aunque no se trata de un examen sobre el caso argentino sino sobre los regímenes de préstamos de montos altos, por encima de la cuota que le correspondería a un socio del FMI.

En uno de sus documentos de trabajo, la OEI anticipó que estudiará si funciona o es perfectible el mecanismo de acceso excepcional de fondos en el marco de programas de asistencia financiera. Esto es, el préstamo de dinero por encima de la cuota que le correspondería a un país según su posición en el FMI, como sucedió en el caso argentino en 2018.

Según los datos recopilados por la OEI, más de la mitad de los programas financieros que tuvieron estas características fallaron o, como se suele nominar en la jerga del organismo, devinieron off-track (descarrilar). De 134 programas implementados por el FMI entre 2002 y 2022, 96 tuvieron acceso a fondos “normal” y 38 implicaron desembolsos “excepcionales” en su nivel de cuantía. De esos 38, hay 11 que siguen vigentes, entre ellos el de la Argentina.

Ahora bien, respecto a su efectividad, hay una diferencia clara entre un tipo de programa y otro. De los 138 programas totales, unos 54 descarrilaron. De ese total, 21 fueron acuerdos con acceso excepcional. Así, el 55% de los programas de estas características pueden ser considerados fallidos bajo este criterio, contra 33% de los programas con acceso “normal” a fondos.

Según el documento discutido y publicado por la OEI, el trabajo de evaluación “cubrirá el contexto en el que se diseñó el acuerdo, la eficacia con la que el Fondo manejó este caso, con un enfoque especial en la implementación del programa de acceso excepcional, y los resultados del acuerdo para la Argentina”. En rigor, lo que examinará es el Stand By de 2018, reformateado en 2022 a un EFF.

En ese sentido, el documento detalla cuáles son las cuestiones que buscará dilucidar, a manera de preguntas para responder, entre ellas si estaba justificado el acceso excepcional para el caso del programa argentino -también evaluará los casos de otros países, como Ecuador-, qué peso terminó teniendo ese préstamos para la cartera del Fondo en comparación con otros acreedores oficiales.

También buscará echar luz sobre otras cuestiones, entre ellas cómo se utilizó para “apoyo presupuestario” el acceso a fondos excepcionales para el país en cuestión, si hubo un correcto diagnóstico del FMI en sus supuestos y proyecciones, las recomendaciones de política económica y la “condicionalidad sobre el ajuste macro, flexibilidad tarifaria y reformas estructurales” y cómo manejó “la gestión de desviaciones de los objetivos del programa y la elaboración ex ante de planes de contingencia”.

Un proyecto de resolución presentado en el Congreso por los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez y Natalia de la Sota solicitó que el Poder Ejecutivo “exija formalmente la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) para que se investigue y evalúe la medida en que recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”.

El texto presentado ante el parlamento citó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que asegura que “durante el período auditado (2016-2019) se exacerbó la salida de capitales, en consonancia con la relajación de los controles existentes en los años anteriores a la firma del Acuerdo Stand By (ASB). La salida de capitales observada en el período auditado puede considerarse significativa ya que alcanza el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019), además de registrar valores por encima de la tendencia”.