Diputada rosarina envuelta en denuncia por fraude inmobiliario

La diputada nacional y empresaria Verónica Razzini está alejada del día a día de las compañías de su familia desde que decidió dedicarse de lleno a la actividad política. Sin embargo, sigue de cerca el derrotero judicial del holding familiar con base en el sector de la construcción, que atraviesa un concurso preventivo de acreedores y que ahora también enfrenta un frente penal por una operación inmobiliaria que terminó en una denuncia por presunta estafa. El caso hizo que el pasado jueves la legisladora tenga que pasar por el Centro de Justicia Penal de Rosario para participar de una audiencia clave en el caso que es investigado por Fiscalía y que hasta ahora no había experimentado prácticamente ningún avance.

La denuncia fue presentada hace más de un año por el empresario Osvaldo Alberto Darragona, quien asegura haber sido perjudicado en una operación de compraventa de departamentos y el caso le cayó al fiscal Gastón Dalmau que, hasta el momento, no formalizaron imputación alguna.

La novedad de esta semana es que Darragona consiguió ser admitido como querellante, pese a la oposición del abogado de la defensa de los Razzini. La resolución fue adoptada por el juez Juan Ignacio Gasparini, quien habilitó al denunciante a intervenir activamente en el expediente, con el patrocinio de la abogada Guillermina Fruci.

Operación inmobiliaria que terminó en Tribunales

El origen del expediente es un contrato de compraventa que Darragona celebró con Nelson Razzini por seis unidades inmobiliarias, pertenecientes a desarrollos de terceros con los que el grupo familiar mantenía relaciones comerciales. Según explicó a Punto biz, Pablo Salvatori, abogado defensor de la familia, el acuerdo fue firmado con certificación notarial y establecía como fecha límite para completar las escrituraciones el 7 de julio de 2025.

El problema apareció cuando llegó el momento de transferir la titularidad de los departamentos. De las seis unidades comprometidas, tres pudieron escriturarse, mientras que las otras tres quedaron pendientes justo cuando el holding Razzini entró en concurso de acreedores. Según la defensa, el comprador incluso obtuvo la posesión de una de las propiedades cuya escritura todavía no se concretó.

La querella sostiene que el incumplimiento no fue simplemente una consecuencia de las dificultades financieras que atravesaba el grupo, sino que existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante la comercialización de inmuebles que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir.

Fuentes ligadas a la acusación particular explicaron a Punto biz que, cuando Darragona intentó avanzar con las escrituras, recibió respuestas de los desarrolladores inmobiliarios que pusieron en duda la capacidad de los Razzini para concretar las transferencias. En algunos casos, las desarrolladoras habrían informado que el grupo familiar mantenía pagos pendientes y que, por lo tanto, no se encontraban dadas las condiciones para escriturar las unidades.

"Creemos que hubo un ardid para engañar a nuestro cliente y conseguir que entregara el dinero pensando que los inmuebles estaban en condiciones de ser transferidos. Se celebró el convenio de compraventa teniendo conocimiento de que esa transferencia no iba a poder concretarse", señalaron fuentes vinculadas con la querella.

Desde esa posición, la acusación considera que las dificultades económicas del holding y la proximidad temporal entre la operación y el deterioro financiero de las empresas constituyen elementos que deben ser investigados para determinar si existió una estafa.

La defensa, en la vereda opuesta

Salvatori, quien además representa al Movimiento Empresarial Anti Bloqueos impulsado por Verónica Razzini, rechazó de plano la interpretación penal del conflicto. Para el abogado, la denuncia intenta convertir en un delito lo que constituye un incumplimiento contractual derivado de las dificultades económicas del grupo empresario.

"Estamos frente a una situación que no responde a una conducta penal típica. En el mejor de los casos se trata de un incumplimiento contractual y la discusión debería darse en el fuero civil", sostuvo en diálogo con Punto biz. Uno de los principales argumentos de la defensa se apoya en una cláusula del contrato de compraventa. Según Salvatori, el apartado sexto establece expresamente que el comprador declaraba conocer la situación jurídica de los inmuebles involucrados.

"El comprador manifestó en el contrato que conocía perfectamente la condición jurídica de los bienes que estaba adquiriendo. No puede sostener ahora que desconocía esa situación y que fue inducido a error", argumentó. El penalista también hizo hincapié en que tres de las seis propiedades ya fueron escrituradas, circunstancia que, a su entender, debilita la hipótesis de una maniobra fraudulenta concebida desde el inicio de la operación.

"Si existía un plan para estafarlo, ¿cómo se explica que haya podido escriturar tres departamentos? Lo que sucedió con los restantes es consecuencia de la situación económica que terminó llevando a las empresas al concurso de acreedores", planteó. Salvatori precisó que los inmuebles no pertenecían directamente al patrimonio de los Razzini, sino a terceros con los que el grupo mantenía acuerdos comerciales, entre ellos operaciones de acopio de materiales.

Según su explicación, algunos de esos terceros se negaron a avanzar con las escrituras porque mantenían acreencias impagas contra las compañías de la familia. "No es que Razzini se niegue a escriturar. Son terceros que tienen deudas pendientes de cobro y que, por esa razón, no quieren concretar las transferencias. No hay un ardid estafatorio", insistió.

El expediente penal se desarrolla en paralelo con los procesos concursales de las sociedades del holding familiar, que buscan reorganizar sus pasivos frente a la imposibilidad de atender regularmente sus compromisos. Para la defensa, esa circunstancia resulta determinante para comprender la naturaleza del conflicto.

Salvatori señaló que el grupo empresario cuenta con alrededor de 170 acreedores y aseguró que esta es la única denuncia penal que enfrenta por cuestiones vinculadas con sus obligaciones comerciales. También cuestionó que Darragona haya optado por la vía penal en lugar de presentarse a verificar su crédito dentro del proceso concursal.

"Si consideraba que era acreedor, tenía que presentarse en el concurso. No lo hizo. Todavía tiene la posibilidad de una verificación tardía, pero eligió intentar resolver el conflicto mediante una denuncia penal", sostuvo.

La denuncia penal fue presentada durante 2025 y, según reconstruyó Punto biz, la investigación tuvo hasta ahora una actividad limitada. Si bien la Fiscalía dispuso algunas medidas investigativas, no se ordenaron medidas cautelares ni se convocó a una audiencia imputativa.

La presentación de Darragona para constituirse como querellante fue realizada durante este año y encontró resistencia por parte de la defensa. Esa oposición obligó a convocar la audiencia del jueves 8 de octubre ante el juez Gasparini. "El juez permitió que ingresaran como querellantes porque el Código Procesal se los permite, no porque haya considerado que tienen razón respecto de la existencia de un delito", remarcó Salvatori.

Desde la querella, por su parte, explicaron que la decisión de asumir una intervención activa en el expediente responde a la necesidad de acompañar la investigación fiscal y eventualmente impulsar medidas propias.

De la batalla contra Camioneros a un nuevo frente judicial

La intervención de Pablo Salvatori también conecta este expediente con otro capítulo de la historia reciente de los Razzini. El penalista fue uno de los abogados que acompañó a la familia durante el prolongado enfrentamiento con el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, conducido por Sergio Aladio, que incluyó protestas y bloqueos en las instalaciones de las empresas.

Aquel conflicto fue decisivo para la proyección pública de Verónica Razzini, quien se convirtió en una de las principales impulsoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, organización que buscó canalizar los reclamos de empresarios afectados por medidas sindicales de esa naturaleza.