Imputaron al operador financiero de Andrés Lux por lavado de activos

La investigación sobre los negocios del broker inmobiliario Andrés Lux sumó un nuevo capítulo este viernes con la imputación de Gustavo Ignacio Buratti, un profesor de educación física señalado como responsable de una financiera clandestina que habría servido para canalizar fondos y concretar maniobras de lavado de activos vinculadas con el empresario rosarino.

En una audiencia celebrada en la Justicia Federal, los fiscales atribuyeron a ambos los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en calidad de coautores. Según la acusación, Lux participaba como uno de los dueños de Meta Inversiones, una financiera que funcionaba en Corrientes 631, primer piso, mientras Buratti comenzó como operador y luego quedó al frente del negocio.

La estructura habría funcionado desde comienzos de 2023 hasta los allanamientos del pasado martes 6 de octubre, incluso después de que Lux quedara detenido en noviembre de 2024 por la causa provincial que investiga las estafas cometidas a través de una presunta mesa de dinero informal que colapsó a fines de 2023.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Meta Inversiones captaba fondos de terceros con promesas de intereses mensuales en dólares, realizaba compraventa de divisas, descuento de cheques y operaciones con criptomonedas, todo sin autorización del Banco Central. La oficina contaba con personal de caja, recepción, tesorería y seguridad, además de cajas fuertes, cámaras y máquinas contadoras de billetes.

Uno de los puntos centrales de la imputación fue la transferencia de dos departamentos que habían pertenecido a Lux y terminaron registrados a nombre de Buratti. Se trata de propiedades ubicadas en Riccheri 243/245 y Dorrego 1611, que fueron transferidas el 4 de noviembre de 2024 mediante el fideicomiso de garantía Merced.

La escritura declaró un precio conjunto de u$s75.000, pero apenas quince días después Buratti ofrecía los inmuebles en venta por un total de u$s134.000. Para los investigadores, la operación habría permitido dar apariencia legal a bienes adquiridos con fondos provenientes de las maniobras defraudatorias atribuidas a Lux y, al mismo tiempo, alejarlos del alcance de sus acreedores.

La Fiscalía también puso bajo la lupa el perfil patrimonial de Buratti. Detectó que durante 2024 regularizó deudas de monotributo, ingresó al blanqueo de capitales y declaró u$s64.500, que depositó en efectivo en el Banco Macro. Posteriormente realizó operaciones de compra de dólares y movimientos bancarios que, según la acusación, no encontraban respaldo en su actividad económica declarada.

Los investigadores incorporaron además conversaciones entre Lux y Buratti que demostrarían que el profesor conocía los reclamos de los acreedores del broker y participaba en la planificación de transferencias patrimoniales.

Otro episodio que despertó sospechas ocurrió durante los allanamientos. Cuando la Policía Federal llegó a la oficina de Corrientes 631, encontró la caja fuerte abierta y vacía, sin dinero en efectivo y con el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad retirado. Según la Fiscalía, poco más de una hora antes del procedimiento alguien había desactivado la alarma y accedido a las instalaciones.

Pese al aparente vaciamiento, los agentes secuestraron ocho máquinas contadoras de billetes, documentación y anotaciones sobre movimientos de dinero. En un galpón de Amenábar al 3400 también encontraron siete equipos destinados a la minería de criptomonedas.

Buratti no fue localizado inicialmente durante los procedimientos y terminó presentándose alrededor de las 17.45 en una dependencia de la Policía Federal, sin su teléfono celular. Los fiscales interpretaron esa secuencia como un indicio de riesgo procesal y **solicitaron 180 días de prisión preventiva**, además de embargos por $151.950.000 para cada imputado y medidas cautelares sobre inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

En el caso de Lux, no pidieron una nueva medida de detención porque ya permanece bajo prisión preventiva por disposición de la Justicia provincial.

La nueva causa federal se suma a la investigación penal por estafas y a la quiebra personal del broker, donde el pasivo verificado supera los $3.336 M. La Fiscalía anticipó que todavía resta identificar a otras personas que pudieron haber participado de la operatoria y determinar qué ocurrió con el dinero retirado de la financiera antes de los allanamientos.