Controles antilavado sobre inversiones: dudas sobre la competencia municipal

El intendente Pablo Javkin anunció en el discurso inaugural de sesiones ordinarias del Concejo un proyecto de ordenanza para controlar el lavado de dinero en las inversiones locales, sobre todo las inmobiliarias. La intención es que los hombres de negocios presenten antecedentes y demuestren el origen lícito de los fondos, cuando se constituyan sociedades y fideicomisos. Desde el círculo íntimo de Javkin aclararon que el proyecto todavía está verde y los asesores jurídicos están abocados a cuestiones técnicas, expertos tributaristas alertaron que la propia iniciativa oficial podría estar floja de papeles. 

En contacto con Punto biz, puntualizan que cabe “esperar a ver cómo la Municipalidad plantea este control”, porque se corre riesgo de exceder las competencias municipales y que se produzca una “superposición con los organismos de contralor existentes, ya encargados de analizar el origen de los fondos de grandes inversiones”. 

“Hay agentes de información que a través de distintas instituciones de contralor, como son el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), tienen la obligación de enviar datos sobre el origen de los fondos en inversiones importantes. En caso de no contar con la validación de ciertos movimientos, deben activar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS)”, explicó a este medio Enrique Lingua, especialista en temas tributarios y miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este caso y en base al anuncio oficial, lo que se pretende es supervisar a los fideicomisos constituidos con fines inmobiliarios. Quien los constituye, es decir el fiduciario, ya está obligado por leyes nacionales a brindar información financiera a las entidades de contralor correspondiente sobre los aportantes. “La medida se suma a las que ya están vigentes. Habría que ver los detalles y que no se superponga con las exigencias de los organismos nacionales”, resaltó Lingua.

“Quizás la Municipalidad encontró algún aspecto que la norma actual no contempla. O bien, buscan tomar recaudos adicionales. A lo mejor como organismo habilitante de un proyecto inmobiliario, quieren tener certezas adicionales a la información brindada por los organismos de contralor”. Por su parte, la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, Nanci Eterovich, celebró que haya una iniciativa por parte de la Municipalidad de sumar herramientas para el combate del narcotráfico y la inseguridad, aunque sostuvo que “habría que estudiar jurídicamente cuál es la facultad del municipio de pedir ese tipo de antecedentes”.

“Los fiduciarios ya están obligados por la Ley Antilavado a solicitar el origen de los fondos de todos los inversores de un fideicomiso y a la vez, realizar el control y el seguimiento necesarios. Si los fondos no están debidamente justificados, y el desarrollador de este emprendimiento tiene la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF)”, explicó la especialista. “La Municipalidad no está designada por ley a realizar esta tarea, es el propio desarrollador el que está obligado a hacerlo ante las autoridades específicas, por lo cual en este caso el municipio estaría duplicando el control”.

Una cuestión a destacar, es que los desarrolladores inmobiliarios tramitan el permiso de obra antes de lanzar a la venta un fideicomiso. Una vez que la Municipalidad habilita la obra, comienza la venta de las unidades a construir, por lo que hasta ese momento no hay inversores. Entonces vale preguntarse: de qué manera el municipio ejercerá el control sobre los fondos, si los inversionistas recién aparecen cuando la obra en cuestión ya obtuvo luz verde para su desarrollo.

Por último, Eterovich cuestionó que a veces por las ansias de establecer mayor control y prevención, el Estado suma burocracia y termina perjudicando al empresario de buena fe. “Espero que la Municipalidad al implementar esta normativa no imponga exigencias que terminen perjudicando a quien no comete delitos de lavado”, manifestó.

Antecedentes

En Rosario ya se regularon las inversiones. En 2016 se activó una ordenanza sancionada en 2014 (9204/2014) -la llamada ordenanza de Los Monos, detonada luego del asesinato del narco Luis Medina y tras la inauguración del boliche Esperanto- que creó el  Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones. Allí se estableció la obligación de presentar junto al permiso de edificación documentación respaldatoria del origen de los fondos en inmuebles destinados a propiedad horizontal que superen los $ 17.4 M, actualizable con el paso del tiempo.