Cerraron 136 registros automotores y el sector cuestionó las motivaciones

El Gobierno decidió cerrar 136 registros de propiedad automotor. La medida, implementada por el Ministerio de Justicia, fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial y es un paso más tras el anuncio de hace un mes sobre el cierre del40 % de las oficinas existentes en todo el país. Además, ordenó anular la apertura de 12 nuevas dependencias, mediante la Resolución 209/2024.

Por parte del sistema registral declararon que esta medida es “un relato oficial” que no implica ahorro para el Estado. En efecto, el viernes se realizará una asamblea para definir los reclamos, que incluyen pedidos de aumentos salariales.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre, el Gobierno advirtió que eliminaría los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, con el fin de “agilizar y abaratar” las transferencias de vehículos al digitalizar los trámites.

La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA) rechazó la medida y señaló que cualquier modificación “debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos [remuneraciones]”.

Más allá de la “pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses”, con estas nuevas medidas “se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio”, declaró la organización. “En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, añadió.

La AAERPA destacó que el costo de los servicios ahora recaerá en los titulares del registro, quienes quedan a cargo de cubrir los costos de operación, como salarios, luz y alquileres.

“El registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, aseguró la AAERPA. “El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios”.