Casación destrabó la causa Bailaque y habilitó el camino hacia el juicio

La Cámara Federal de Casación Penal eliminó uno de los principales obstáculos que demoraban el avance hacia el juicio oral de una de las causas más pesadas contra el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Por unanimidad, los camaristas Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos dejaron sin efecto la suspensión que había dispuesto el juez rosarino Aníbal Pineda y ordenaron que el expediente continúe “según su estado”. 

La resolución, fechada el 5 de octubre, alcanza a la carpeta 15.287/2024, en la que también está acusado el escribano santafesino Santiago Busaniche. Es la investigación que tiene como núcleo una presunta maniobra montada desde organismos del Estado para presionar a los empresarios rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto, vinculados entonces al Grupo San Cristóbal. Según la acusación fiscal, Bailaque habría actuado junto con el empresario Fernando Whpei, el exjefe regional de AFIP Carlos Vaudagna y Busaniche. 

El expediente había quedado en una suerte de limbo procesal. La defensa de Bailaque discute que los hechos, anteriores a mayo de 2024, puedan ser juzgados bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF). Esa controversia llegó a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario y Pineda entendió que, una vez concluido el control de la acusación, el proceso debía quedar frenado hasta que el máximo tribunal definiera qué código corresponde aplicar. 

Casación tumbó ahora esa interpretación. Petrone sostuvo que la discusión pendiente ante la Corte no determina qué juez debe intervenir, sino bajo qué régimen procesal debe tramitar la causa. Además, recordó que todas las instancias que analizaron hasta ahora la cuestión resolvieron que corresponde aplicar el CPPF. Por eso concluyó que la paralización había sido dispuesta fuera de las previsiones legales y contrariaba los principios de celeridad y plazo razonable.

El pronunciamiento tiene un segundo efecto importante: Casación rechazó los recursos de las defensas de Bailaque y Busaniche contra decisiones que sostienen piezas centrales de la acusación. En el caso del exmagistrado quedó en pie el rechazo al intento de excluir la información obtenida del teléfono de Vaudagna, que su defensa considera ilegalmente incorporada. También fracasó el planteo contra la continuidad de la querella. 

Busaniche tampoco consiguió invalidar la acusación por una supuesta violación del principio de congruencia ni anular el acuerdo de colaboración celebrado por Fernando Whpei con el Ministerio Público Fiscal. Casación consideró que las defensas no demostraron la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar esa revisión y declaró inadmisibles sus impugnaciones. 

La causa nació de una investigación que reconstruyó una presunta operación para utilizar recursos de la entonces AFIP y del Juzgado Federal N°4 de Rosario contra Iglesias y Oneto. La hipótesis fiscal sostiene que entre 2019 y 2024 se impulsaron actuaciones administrativas y judiciales destinadas a perjudicarlos y presionarlos. Iglesias habría recibido una exigencia de u$s200.000 y entregado u$s160.000 entre 2019 y 2022 para evitar perjuicios dentro de la causa penal. El expediente forma parte de un paquete mayor de investigaciones que terminó con la salida de Bailaque de la Justicia Federal. En febrero, el Ministerio Público presentó tres acusaciones contra el exjuez y anticipó que solicitará una pena global de 10 años de prisión, además de inhabilitaciones y multas. Los fiscales calificaron el cuadro investigado como un caso de “corrupción estructural” y pidieron que los distintos legajos confluyan en un único juicio oral.

Ese punto también pesó en la decisión de Casación. Mahiques destacó que existen otros dos expedientes contra Bailaque -los legajos 9010/2024 y 15682/2024- estrechamente vinculados y que la Fiscalía pretende llevarlos conjuntamente a juicio. Mantener paralizado solamente el 15.287 podía fragmentar el juzgamiento, duplicar prueba, generar decisiones incompatibles y provocar nuevas demoras. 

La Corte Suprema todavía deberá pronunciarse sobre el planteo de Bailaque respecto de qué código procesal corresponde aplicar. Pero Casación acaba de determinar que esa espera no funciona como freno: mientras el expediente siga en manos de la Corte, la causa rosarina puede avanzar. En términos prácticos, la resolución despeja el camino procesal para que una de las investigaciones que precipitó la caída del exjuez federal continúe su marcha hacia el debate oral.