Cada cual atiende su juego en la rosca por la reforma electoral 

La política santafesina quedará atravesada en los próximos días por un debate central para establecer las reglas de juego con las que competirá en el futuro. Los legisladores tratarán la reforma electoral, un proceso que rara vez es impulsado cuando el esquema de disputa se presenta conveniente para los intereses de quienes gobiernan.

La nueva constitución, aprobada el año pasado en Santa Fe, deriva ahora en un escenario de modificaciones electorales. El primer interrogante apunta a resolver si lo que se busca es un sistema superador o alcanzar acuerdos que convengan a los propios actores que debatirán los cambios.  

El proyecto presentado por el peronismo, las ideas que empiezan a circular entre radicales y socialistas y las conversaciones reservadas que mantienen oficialismo y oposición hablan mucho menos de calidad institucional que del nuevo mapa político que se presenta en la Provincia.  

Todos utilizan argumentos razonables para justificar los cambios. Reducir costos. Simplificar el proceso electoral. Evitar la proliferación de listas. Fortalecer la representación. Pero detrás de cada fundamento técnico aparece una pregunta bastante más terrenal. ¿Cuál es la forma más conveniente para competir en la Santa Fe que viene?

La discusión sobre las Paso sintetiza mejor que ninguna otra esa tensión.

Durante años fueron presentadas como una herramienta indispensable para democratizar la selección de candidatos. Hoy ya casi nadie las defiende o las cuestiona por razones doctrinarias. Se convirtieron en un instrumento y, como tal, su utilidad depende de quién lo tenga en la mano.

El caso del peronismo es probablemente el más evidente. Muy lejos de tener resuelta su conducción, el justicialismo santafesino atraviesa una etapa de reconstrucción en la que conviven dirigentes con ambiciones, territorios e identidades muy diferentes. No existe un liderazgo capaz de ordenar por sí solo al conjunto del espacio.

En ese contexto, una Paso deja de ser un problema para convertirse en una posible solución. No porque elimine las diferencias, si no porque les otorga una forma de resolución que difícilmente pueda reemplazarse por una mesa de negociación.

Para el peronismo, una primaria puede ser costosa. Pero una interna sin reglas claras podría resultar bastante más cara.

En Unidos el problema es diferente. Tras la reforma constitucional que habilitó la reelección de Maximiliano Pullaro, la principal candidatura de la coalición tiene un dueño natural. La discusión no pasa por la Gobernación. Apunta, en cambio, a todos los otros cargos donde los aspirantes del oficialismo son múltiples. Desde el Senado hasta los concejos, incluyendo por supuesto intendencias y diputaciones. 

Allí las Paso siguen funcionando como un mecanismo para administrar una coalición integrada por radicales, socialistas, el PRO y otros socios que conservan intereses propios.

Sin una primaria, esas diferencias no desaparecen. Simplemente cambian de escenario. Se trasladan desde las urnas hacia las negociaciones entre las conducciones partidarias. Y esa transición modifica inevitablemente la relación de fuerzas dentro de Unidos.

No todos los partidos llegan con el mismo peso a una mesa de acuerdos. El radicalismo gobierna la Provincia y concentra buena parte del poder territorial.

El socialismo conserva volumen legislativo, intendencias y capacidad de incidencia, pero sabe que las reglas que ordenaron la coalición durante la etapa de predominio socialista ya no necesariamente lo favorecen de la misma manera.

Por eso el debate interno tampoco es lineal. Todos quieren preservar Unidos. Lo que todavía no está resuelto es bajo qué reglas resulta más conveniente hacerlo.

La discusión sobre los pisos electorales responde a la misma lógica. En los papeles parece un debate técnico. En realidad define quién puede seguir compitiendo y quién queda afuera.

Un piso elevado favorece a las estructuras consolidadas y obliga a los espacios más pequeños a integrarse en proyectos mayores. Uno más bajo permite que sobrevivan expresiones emergentes, pero también multiplica la fragmentación.

No existe una respuesta objetivamente correcta. Existe una decisión política. Y esa decisión cambia según el lugar que ocupe cada partido en el tablero.

Algo parecido ocurre con la cantidad de boletas. Reducir la oferta puede simplificar la experiencia del votante.

También puede disminuir las oportunidades de sectores internos que utilizan las listas para construir volumen político y visibilidad. Cada modificación resuelve un problema y crea otro.

La irrupción de La Libertad Avanza vuelve todavía más compleja la discusión. El sistema político santafesino ya no se organiza sólo alrededor del viejo equilibrio entre el peronismo y el frente que hoy gobierna la Provincia.

Existe un tercer actor que todavía no terminó de consolidar estructura territorial, pero que ya modificó los incentivos del resto.

El peronismo necesita reconstruirse, mientras que Unidos apunta a conservar cohesión mientras evita que el oficialismo nacional le dispute parte de su electorado. Los libertarios pretenden transformar un liderazgo presidencial en una organización provincial competitiva.

Todos discuten las mismas reglas. Pero cada uno imagina un escenario distinto.

Por eso la reforma electoral no enfrenta solamente al oficialismo con la oposición. Tampoco divide a quienes quieren conservar las Paso de quienes prefieren eliminarlas. La verdadera discusión atraviesa a todas las fuerzas políticas.

¿Qué sistema conviene construir para competir en la próxima década? Las respuestas cambian según el lugar que cada uno ocupa hoy. Y ahí aparece una paradoja inevitable.

Las reglas electorales deberían diseñarse para sobrevivir a los gobiernos. Sin embargo, casi siempre terminan pensándose desde las necesidades del gobierno de turno o de la oposición del momento. 

Ese es el riesgo que enfrenta Santa Fe. Confundir una reforma del sistema político con una negociación entre dirigentes. Porque los oficialismos cambian. Las oposiciones también. Las conveniencias electorales son, por definición, transitorias. Las reglas, en cambio, suelen durar bastante más que quienes las escriben.

La calidad de una reforma no tendrá que estar atada al beneficio que le otorgue a oficialistas u opositores en la próxima elección. Debería, en cambio, medirse por una pregunta mucho más incómoda. Si dentro de diez años gobierna otro espacio político, ¿esas mismas reglas seguirán pareciendo justas? 

Si la respuesta es afirmativa, habrá habido una verdadera y superadora reforma institucional. Si, por el contrario, depende de quién gane, entonces probablemente sólo se haya negociado una nueva distribución del poder.