Audiencia por Vicentin: propuestas de reactivación y críticas a directivos

En una audiencia de más de tres horas convocada por el juez concursal Fabián Lorenzini, se expusieron con intensidad las distintas posiciones en torno al futuro inmediato de Vicentin.

Con más de 300 personas conectadas por Zoom y una gran concurrencia en el salón de lotos de los Tribunales de Reconquista, el eje del debate giró en torno a la posibilidad de reactivar las plantas paralizadas y afrontar el pago de los salarios de marzo, que siguen impagos en su totalidad. El encuentro cerró con fuertes acusaciones sindicales a los titulares de la firma.

Pese a que el directorio de Vicentin señaló esta semana que no había interés empresario en confiarle materia prima, de la audiencia se desprendió que, a pesar del contexto adverso, existen intentos de firmas que estarían dispuestas a aportar mercadería para iniciar una reactivación parcial. Se trata de Unión Agrícola de Avellaneda y Essential Energy Holding, vinculada al empresario Federico Pucciarello, quienes manifestaron su voluntad de colaborar. Según los voceros empresariales, con ese insumo limitado podría alcanzarse apenas entre un 20% y 25% de la masa salarial, y reactivarse parcialmente las plantas de Ricardone y Avellaneda.

“Esto no resuelve el problema de fondo, pero permite dar un primer paso hacia la reactivación”, sostuvieron desde la empresa, al tiempo que insistieron en que la situación crítica responde a la falta de homologación de la propuesta de pago elevada en el concurso preventivo, que –afirman– cuenta con apoyo mayoritario pero ha sido bloqueada judicialmente por acciones impulsadas por sectores opositores.

Sin embargo, las críticas hacia la conducción no tardaron en aflorar. El gremio aceitero, encabezado por Daniel Succi, cuestionó duramente la decisión de paralizar las plantas, interpretándola como una maniobra para ejercer presión sobre la Corte Suprema de Santa Fe, que aún no se pronunció sobre la validez del acuerdo concursal. “Los trabajadores están en la línea de fuego de una estrategia dilatoria”, expresó Succi. En la misma línea, el trabajador Martín Morales pidió directamente el desplazamiento del directorio, al considerar que “impide cualquier avance” y “solo responde a intereses financieros”.

Desde el sector acreedor, una de las intervenciones más filosas fue la de la firma Grassi, que volvió a rechazar la propuesta de la concursada y deslizó la posibilidad de impulsar directamente la quiebra. Los representantes de Vicentin interpretaron esa postura como una estrategia comercial para tomar control de activos de la empresa, sin asumir responsabilidades ni comprometer capital de trabajo. “No presentan alternativas reales, solo buscan entorpecer”, acusaron.

En medio del cruce de posiciones, el juez Lorenzini resolvió exigir al directorio que en el plazo de 72 horas presente un conjunto de informes clave. Entre ellos, un panorama financiero integral para formular un plan de pagos a trabajadores y acreedores; el detalle de contratos vigentes; los saldos de cuentas en el exterior (vía Vicentin Uruguay y Vicentin Europa); el stock de insumos; el listado de bienes ociosos; y un análisis técnico sobre los problemas críticos en las plantas. También solicitó que se incorporen medidas paliativas para facilitar la reapertura de las instalaciones y convocó al gobierno provincial a sumarse formalmente al proceso.

Al cierre de la jornada, quedó claro que el camino hacia una salida ordenada sigue siendo incierto. Vicentin insiste en que la llave de la solución está en la homologación de su propuesta de pago, mientras que los sectores críticos exigen un cambio profundo en la conducción de la empresa y un enfoque más transparente y participativo. El juez, en tanto, parece haber adoptado una postura de exigencia activa, y dejó abierta la posibilidad de avanzar en medidas más drásticas si el escenario no se modifica.