Por Redacción
Desde el norte le piden al alto tribunal que la situación es “insostenible”, y la administración Pullaro le pasó factura por dilatar las definiciones.
El tiempo pasa y la tramitación del concurso de la cerealista Vicentin permanece estacionado en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe resolver sobre un recurso de queja. El mes pasado directivos de Vicentin advirtieron sobre los problemas patrimoniales de la concursada en un contexto económico complejo, y separados por pocas horas de distancia se conocieron, por un lado pronunciamientos de las fuerzas vivas del norte santafesino, y además un duro intercambio entre integrantes del Poder Ejecutivo santafesino y los cortesanos, con el caso Vicentin en el centro de la escena.
El Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa) emitió un documento en el que denuncia la prolongada dilatación de la Corte Suprema respecto al caso Vicentin, en el cual advierte que la situación se está volviendo "insostenible".
El texto comienza enumerando las consecuencias de la demora en el proceso:
"Mientras el proceso no concluye:
Los pequeños productores que cobrarían el 100% de la deuda no cobran.
Los inversores propuestos no se hacen cargo de la empresa, las inversiones no se realizan y se corre el riesgo de que pierdan interés en la compañía.
Las medidas cautelares siguen vigentes, entorpeciendo el funcionamiento.
Los trabajadores continúan en estado de zozobra.
Las localidades afectadas, familias enteras y jóvenes que tendrían en la empresa su oportunidad, padecen angustia.
Y muchísimos proveedores de bienes y servicios sobreviven sin su principal cliente.
El documento también lanza una advertencia sobre los peligros de seguir extendiendo el proceso judicial: "Una probable solución perfecta, pero tardía, puede significar la muerte no solo de una compañía, sino de buena parte de su extensa red (productores, contratistas, prestadores de servicios, agentes comerciales). Son innumerables los ejemplos de empresas destruidas por permanecer mucho tiempo en el limbo jurídico con concursos, sucesiones o litigios interminables".
Antes de poner el punto final, Corenosa reclamó una intervención urgente: "Las fuerzas vivas del Norte de Santa Fe, representantes de sectores productivos e instituciones públicas y privadas, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que termine con la incertidumbre".
Por otro lado, el domingo pasado, a las 7.30 de la mañana, se produjo una reunión cumbre entre integrantes del Poder Ejecutivo santafesino, encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro, e integrantes de la Corte Suprema, encabezados por su presidente Rafael Gutiérrez. Fue una reunión tan larga como tirante, plagada de pases de facturas, según los trascendidos.
Es que el gobernador aspira a que se vayan de la Corte los integrantes que hayan superados los 75 años, un paso que le permitiría renovar la composición del cuerpo. En el encuentro se discutieron varios temas muy calientes, desde la reforma previsional, que obligará a mayores aportes de parte de los integrantes del Poder Judicial -que gozan de jugosos sueldos- y también nuevos techos para las jubilaciones máximas. En el medio se discutió sobre los gastos del Poder Judicial, se escucharon reclamos de los Cortesanos por los criterios para designar funcionarios y por las tardanzas en las designaciones, y también se habló sobre la propia ejecuticidad del máximo cuerpo judicial de la Provincia, cuestionado desde el Poder Ejecutivo.
El periodista Daniel Abba volcó en una nota publicada por el diario digital Suma Política un tramo de ese áspero diálogo, en el cual se aludió al caso Vicentín, en un contexto de cuestionamiento a la escasa ejecutividad de la Corte Provincial, que se vuelca en el siguiente párrafo:
“También hubo reproches casi personales a quien preside el tribunal este año por décimotercera vez, Rafael Gutiérrez, por algunos asuntos en el desempeño de su cargo.
El santafesino (por Gutiérrez) venía de exhibir algunos fallos de cuatro o cinco causas con los que pensaba demostrar que el trabajo de la Corte de los últimos tiempos estaba al día:
—Vos lo que tenés que explicar es qué hiciste con la causa Vicentin, que te la trajiste sin ningún impulso procesal que lo habilitara. Y la tuviste siete meses durmiendo sin que nada lo justificara, entiendo que motivado por intereses de algunas personas, medios y estudios jurídicos, más allá de que el que lo pidió fue Juan Manuel Olmos (secretario General de la Presidencia en la gestión de Alberto Fernández). Y después la tuviste que devolver porque quienes te acompañan hoy dijeron que no correspondía.
—Atendemos todas las causas —intentó contestar Gutiérrez, incómodo.
—La Justicia no son ustedes, es todo. Esos pocos expedientes que te llegan es tu trabajo, es tu responsabilidad —le dijeron mientras ordenaba los papeles que había llevado”.
A diferencia de su antecesor, Omar Perotti, que en su momento apoyó desde Santa Fe la decisión nacional de intervenir Vicentin -cuando se planteaba la estatización de la cerealista-, la administración Pullaro hasta ahora había mantenido prudencia respecto de las polémicas decisiones tomadas por la Corte Suprema con relación al concurso de acreedores de la cerealista. Deslizando el off de un diálogo que se celebró a puertas cerradas, ya empezó cuando menos a marcar la cancha.
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