Abogado busca arreglo extrajudicial para evitar caer en prisión

En septiembre del año pasado Punto biz daba cuenta de los resultados en la audiencia de homologación de juicio abreviado en la que el abogado civilista Sebastian Farina reconocía ser autor del delito de estafa, uso de documento falso y tentativa de extorsión. Al admitir los ilícitos y transferir a la víctima de sus maniobras u$s30.000, Farina accedió al beneficio de la prisión condicional por tres años, supeditada a que no fuese imputado en algún otro episodio ilegal.

Ahora bien, en noviembre del año pasado entró al Ministerio Público de la Acusación (MPA) otra denuncia sobre presuntas irregularidades en el obrar del abogado. De acuerdo a lo que supo este medio, el fiscal rosarino Carlos Covani llegó a tomarle declaración a una mujer docmiliciada en Mar del Plata que argumentó que Farina la hizo falsificar un recibo para blanquear una cesión de acciones que su marido fallecido en realidad nunca le había transferido.

Si bien la mujer se complicó a sí misma con la denuncia hecha ante el MPA porque claramente avaló la estrategia del recibo falsificado, avanzó en la presentación contra Farina porque el abogado le terminó reclamando u$s500.000 de honorarios y logró inhibir a la mujer que ahora no puede disponer de sus propiedades.

La cuestión es que ahora Farina, acorralado ante la chance de volver a ser imputado por un nuevo caso, hecho que derive en prisión efectiva, en la última semana le comunicó a Covani su decisión de “arreglar” con la víctima marplatense para levantar el reclamo en el fuero civil por honorarios y que a su vez la mujer retire la denuncia ante la Fiscalía.

La causa de base

El juicio oral y público contra Farina -que luego derivó en un trámite abreviado y que terminó con el letrado en prisión condicional- se inició el año pasado con la declaración de Marcela Mónaco, la víctima central de la maniobra que ideó su expareja, el ya fallecido broker inmobiliario Aldo Vanzini. Fue ella quien presentó una denuncia penal cuando se vio acorralada ante una demanda de escrituración en el fuero civil y comercial donde invocando un boleto de compraventa que resultó ser falso, el empresario gastronómico Gabriel Solís -con el patrocinio de Farina- le reclamaba la mitad de un loteo ubicado en Granadero Baigorria que estaba a punto de ser aprobado.

Fue el fiscal Sebastián Narvaja quien pudo investigar el caso y verificó que el documento en cuestión había sido falsificado. Tal como reveló Punto biz oportunamente, en medio de una audiencia preliminar, Gabriel Solís se quebró y prendió el ventilador, planteando que había actuando bajo las órdenes del abogado Farina, quien a su vez había ejecutado el ardid por indicación de Vanzini, que quería perjudicar a su ex, que acababa de contraer matrimonio y a quien había tenido que cederle la mitad de la titularidad del loteo en la marco de la disolución de la sociedad de hecho que mantenían luego de un divorsio escandaloso.

Por el carril Civil y Comercial, los autores del ardid lograron que el juez Pedro Boasso del Juzgado de la 16° Nominación avanzara en medidas cautelares a través de la cuales los terrenos quedaban bajo el encuadre de “anotación litigiosa”. La figura en cuestión derivó en un enorme perjuicio económico para la víctima que cuando irrumpió la acción judicial estaba comercializando los lotes que en ese momento conformaban el germen de un desarrollo inmobiliario en terrenos donde hasta 2011 había funcionado la planta transmisora de la emisora LT8, en la localidad al norte de Rosario. La demanda hizo que los interesados en adquirir las parcelas huyeran de inmediato.

Fue en una de las audiencias de juicio oral que el abogado defensor de Farina, el penalista Walter Stramazzo, solicitó la palabra en el comienzo de la jornada y exteriorizó la vía del procedimiento abreviado, para lo cual hizo falta que el acusado admitiera verbalmente la comisión de los delitos para los que estaba siendo juzgado.

Así, la jueza Chiabrera pidió que el trámite se encuadre en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, hecho que derivó en que Narvaja presentará formalmente el pedido de juicio abreviado ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que definió la audiencia especial para canalizar el requerimiento y terminar así el juicio oral ya iniciado.

Narvaja había solicitado en el comienzo del proceso oral y público para Farina el pedido de pena a 7 años de prisión, accesorias legales y costas, más $90.000 de multa e inhabilitación para el ejercicio profesional por el término de 7 años por la imputación de los delitos de estafa procesal, falsificación de documento y extorsión.

La nueva denuncia

El nuevo caso que involucra a Farina ocurrió cuando el letrado le propuso a quien entonces era su cliente, completar un recibo en blanco que hallaron entre las pertenencias de un empresario hotelero que acababa de morir. El hombre en cuestión era la pareja de la mujer quien quería tomar posesión del 50% de las acciones de una sociedad a la que el empresario decía que pretendía legarle.

La sorpresiva muerte del hombre hizo que su viuda se encontrara con las acciones en su poder, pero cayó en la cuenta que eran acciones al portador. Fue allí que al encontrar el recibo en blanco, desde el buffet de Farina lo completaron para usarlo como prueba de una cesión accionaria que en realidad nunca existió.

Lo que omitió Farina es que por imperio de la Ley 24.587 debían llamar a asamblea de accionistas para validar esa cesión accionaria, en este caso a través de la justicia bonaerense. Si bien convocaron a asamblea, la misma se terminó cayendo ante la negativa de los hijos del empresario fallecido a aceptar la maniobra que luego se supo estaba sustentada en un documento apócrifo.

Pero el tema no quedó allí. Farina le hizo juicio a su cliente reclamando honorarios pese  a haber perdido el litigio. Invocó un supuesto contrato ajustando los costos del servicio. Le reclamó a la viuda medio palo verde y logró que prosperara una inhibición.

Con Farina en libertad condicional por el caso Vanzini, la viuda le metió una denuncia penal. Pese a quedar ella salpicada por ser autora intelectual de la falsificación del recibo (por consejo de Farina) la mujer lo denunció igual ya que lo que quiere es arreglar de una vez, pagar menos de u$s500.000 y que se le levante la inhibición. 

Como hay riesgo de que se ejecute la prisión efectiva, ahora es Farina el que aparece dispuesto a negociar con su víctima.