Juicio abreviado para cómplices de empresario preso por estafas en viviendas

Tres de los imputados en la causa por estafas vinculadas a la venta de viviendas prefabricadas en Casilda y otras localidades de la provincia de Santa Fe accedieron a un juicio abreviado y fueron condenados a penas de ejecución condicional, en un expediente que tiene como principal acusado al empresario Andrés Barrionuevo, quien continúa en prisión preventiva.

La resolución se formalizó en una audiencia realizada el 27 de abril en Casilda, donde se homologó el acuerdo entre las partes y se condenó a Agustín Maximiliano Gruber, Agustín Marcelo Pelaye y Brian Ezequiel Franulich como coautores del delito de defraudación por estafa en concurso real de hechos. La pena fijada fue de tres años de prisión de ejecución condicional, junto con reglas de conducta por el plazo de dos años.

Entre las condiciones impuestas se incluyó la fijación de domicilio, la obligación de someterse al control del Patronato de Liberados y la prohibición de contacto con las 25 víctimas denunciantes que forman parte de la carpeta judicial. Además, la sentencia dispuso la libertad de los tres condenados, al tratarse de una pena condicional.

El avance judicial reconfigura el escenario de la causa, que ahora mantiene el foco en los principales imputados. Según precisó a Punto biz el abogado querellante Facundo Ruilópez, tanto Barrionuevo como Diego Barraza continúan detenidos con prisión preventiva, mientras que sigue prófugo Diego Torres Faller, sobre quien pesa un pedido de captura.

La estrategia de la querella apunta ahora a sostener las medidas cautelares sobre los acusados que permanecen detenidos, mientras se termina de definir la situación procesal del resto de los involucrados. En paralelo, el expediente sigue sumando elementos probatorios a partir de las distintas imputaciones y acuerdos parciales que se fueron cerrando.

La investigación se originó a partir de denuncias de clientes que habían contratado viviendas bajo la modalidad “llave en mano” a través de la firma El Techo Moderno SRL, que operaba con el nombre comercial Emprender Viviendas Modulares. En ese marco, la fiscalía llegó a imputar al menos dos decenas de hechos, aunque desde la querella advierten que el número de damnificados podría ser mayor.

Con los primeros acuerdos abreviados ya homologados, la causa entra en una nueva etapa, donde la atención judicial se concentra en definir la responsabilidad de los actores principales y avanzar hacia una eventual elevación a juicio.