¿Que se necesita para lograr crecimiento económico sostenible?

Según los datos del Indec, en noviembre de 2023, el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) mostró una disminución del 0,9% en comparación con el mismo período del año anterior y del 1,4% en relación con el mes anterior en la medición desestacionalizada.

Este indicador, considerado el más representativo de la actividad económica a corto plazo y un predictor del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), revela que en el acumulado de los primeros once meses de 2023, la actividad económica experimentó una contracción del 1,3%.

Al analizar el desempeño del Emae en los últimos meses, se observa que, a excepción del período de la pandemia y su posterior recuperación, su variación mensual se ha mantenido en un rango cercano al 0%, lo que indica un severo estancamiento económico.

Una de las principales causas del preocupante desempeño económico es la marcada aceleración de la inflación. Según datos del Indec, el Índice de Precios al Consumidor cerró el año 2023 con un incremento interanual del 211,4%, destacando un notable aumento en diciembre que superó el 25%. Estas cifras sitúan a Argentina como el país con la inflación más alta a nivel mundial, superando a El Líbano (192%) y Venezuela (190%).

Asimismo, la excesiva regulación, las distorsiones de precios y las altas tasas de interés contribuyen a alimentar la incertidumbre económica y a perpetuar el estancamiento observado en la inversión del sector productivo. A estos factores se suma la baja productividad de la mano de obra, como lo demuestra el aumento del empleo no registrado en los últimos años.

Este patrón de estancamiento podría revertirse a largo plazo si el nuevo gobierno actúa adecuadamente en áreas clave de la economía, que pueden resumirse en los siguientes cuatro puntos:

1. Corregir el déficit fiscal ordenando el gasto

Argentina se ha caracterizado por una larga historia de déficits fiscales, derivados de un gasto público elevado que supera los ingresos. Esto ha llevado al Estado a financiar dicho déficit mediante emisión monetaria y endeudamiento, lo que explica los altos niveles de inflación en el país. Según datos publicados por la Secretaría de Hacienda el lunes pasado, el déficit financiero al cierre de 2023 fue del 6,1% del PBI, mientras que el déficit primario, que excluye los pagos de deuda, alcanzó el 2,9% del PBI.

Durante la campaña electoral, el recorte del gasto público fue una de las propuestas más destacadas. En consonancia con esta necesidad, el Ministerio de Economía anunció 10 medidas a corto plazo para lograr una reducción inmediata del déficit fiscal. Estas medidas incluyeron una devaluación del 50% de la moneda, la reducción "al mínimo" de las transferencias del Estado Nacional a las provincias, la suspensión de la obra pública, la reducción de subsidios, el cierre de ministerios, entre otras.

Para garantizar que la reducción del gasto público sea sostenible a largo plazo, es necesario llevar a cabo una reestructuración integral del Estado en sus tres niveles de gobierno mediante un acuerdo federal. El punto central de este acuerdo es evitar duplicaciones de funciones -y gastos- entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios.

2. Implementar un sistema tributario eficiente y simple

Uno de los desafíos que enfrenta nuestro país radica en la complejidad y fragmentación del sistema tributario. Esto se debe a la presencia de impuestos distorsivos que desincentivan la producción y el consumo, así como a la superposición de impuestos de los tres niveles de gobierno.

Resulta deseable eliminar por completo estos impuestos "perjudiciales" que afectan de manera regresiva la distribución del ingreso y son propensos a altos niveles de evasión. Sin embargo, en lugar de optar por la eliminación de estos impuestos distorsivos, la propuesta actual es reducirlos una vez que se haya logrado reducir el gasto público.

Este enfoque tradicional de ajuste no aborda la sustitución de impuestos "perjudiciales" por impuestos "beneficiosos". Por ejemplo, si el Impuesto al Valor Agregado (IVA) absorbe los ingresos brutos y las tasas municipales (que difieren en su impacto y nivel de evasión), se mejorarían las operaciones económicas al reducir la carga burocrática tanto para los contribuyentes como para el Estado, y disminuiría la evasión fiscal. Este cambio significativo crearía un entorno más propicio para la
producción sin comprometer el objetivo de equilibrar las finanzas públicas.

3. Cambiar la tendencia del gasto previsional ordenando al sistema

Otro aspecto crucial que debe abordarse a corto plazo es la reorganización del sistema previsional, ya que el gasto en este sector es uno de los principales desafíos para las cuentas públicas. A nivel nacional, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del gasto público.

Con las reglas actuales del sistema previsional, este gasto tiende a aumentar incluso si se logra recuperar el crecimiento económico. Esto contradice el objetivo de tener un Estado solvente para eliminar la inflación y revertir la contracción económica. Por lo tanto, cambiar la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico.

Recientemente se presentó una nueva versión del proyecto de la ley de ómnibus, donde se estableció que hasta marzo se mantendrá el ajuste trimestral bajo la fórmula actual y, a partir de abril, habrá una "actualización automática por inflación mensual"; basada en el último dato de inflación disponible del Indec. De esta manera, se busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados a partir de abril.

Sin embargo, el desafío es mucho más amplio que simplemente cambiar la fórmula de movilidad. Se requiere una reorganización en la que las normativas previsionales se adapten a la realidad y se contemplen los cambios necesarios para hacer frente a los impactos del envejecimiento poblacional. La reorganización integral del Estado implica abordar temas mucho más complejos que la tradicional actualización de haberes

4. Realizar una reforma laboral acorde al mapa actual de la realidad económica y social

En el mercado laboral, se observa una tendencia creciente tanto en el número de trabajadores informales como en el de trabajadores no asalariados, mientras que el empleo formal ha permanecido prácticamente sin cambios.

Esta situación puede explicarse principalmente por los altos costos laborales asociados a la contratación de trabajadores en el sector formal. Esto genera un desincentivo para los empleadores a realizar este tipo de inversiones, lo que resulta en un aumento en la cantidad de empleos informales y no asalariados. Estos empleos suelen caracterizarse por salarios por debajo de la tasa de inflación y condiciones laborales precarias, ya que los trabajadores no tienen acceso a los derechos laborales
básicos.

Para reducir la informalidad laboral, es crucial abordar los factores que la causan. En este sentido, se han implementado medidas dirigidas a derogar y modificar leyes laborales que permanecieron sin cambios en la "nueva" Ley de Ómnibus.

Estas medidas incluyen la modificación del régimen de contrataciones con el objetivo de regularizar las relaciones laborales existentes, mediante la creación del Régimen de Promoción de Empleo Registrado, que permite la "extinción de la acción penal" y "condonación de infracciones, multas y sanciones" por irregularidades en la contratación de empleados. También se promueven medidas para mayor flexibilización, como la creación de un Fondo de Cese Laboral, y se reducen los costos de indemnización por despido.

En conjunto, estas regulaciones laborales deberían aumentar los incentivos para la contratación formal, impulsando la actividad productiva del sector privado y reduciendo la carga sobre la estructura estatal.