Por Redacción
El magistrado Guillermo Vales se propuso trabajar para evitar que la cooperativa vaya a la quiebra.
El juez Guillermo Vales, titular del Juzgado Civil y Comercial de Cuarta Nominación de Rafaela, se declaró competente este viernes para llevar adelante el concurso preventivo de acreedores de SanCor, medida que se había solicitado el pasado 3 de febrero con la finalización de la feria judicial.
El juez dispuso para SanCor Cooperativas Unidas Limitada que este es un “Gran Concurso – Categoría A”, además de la constitución de una sindicatura plural para entender en el desarrollo del proceso.
También dispuso la fijación del 29 de mayo próximo como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1 de julio de este año como plazo para las eventuales impugnaciones y ordenó la suspensión de trámites de procesos contenciosos judiciales que tengan origen previo al 3 de febrero.
Del mismo modo, el magistrado dispuso la suspensión de interrupciones de servicios por deudas contraídas antes del 3 de febrero de 2025 y constituyó el “Comité Provisorio de Acreedores”, además de determinar la continuidad de la empresa en el Registro de Importadores y Exportadores de la República Argentina.
De acuerdo a la información oficial en “palabras dirigidas a la población”, Vales detalla que se comprobó objetivamente que la cooperativa “no puede hacer frente a las obligaciones que pueden ser exigidas por sus acreedores”.
“Durante este proceso entonces, se intentará encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra y esto es así, debido a que el principal objetivo del juicio es proteger el interés de los acreedores y mantener el funcionamiento de la empresa, lo que ayudará a conservar las fuentes de trabajo”, remarcó.
Vales agrega “tengo presente la importancia que tiene para la sociedad la actividad que desarrolla la Cooperativa, elaborando productos alimenticios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor final, lo que me hace ver que este proceso por el que atraviesa SanCor podría tener un alto impacto en la vida de la comunidad en su conjunto. Por ello, comprometido el juzgado con el rol social que la justicia desempeña en estos procesos concursales y teniendo en cuenta el efecto que este estado del deudor provoca en la totalidad de los acreedores –quienes tienen derecho a la protección de sus créditos–, el objetivo a cumplir con los que trabajaremos en el trámite, será intentar lograr un acuerdo que satisfaga las deudas y de este modo, permitir que la empresa se recomponga de esta crisis, continuando con su reconocida y querida actividad tanto en esta región, en todo el país y también -como no-, en el exterior”.
Al momento, SanCor trabaja con compra de leche de forma “spot” y pagos a corto plazo, intentando sostener su actividad con una planta de personal recortada.
Atilra: “Nunca quisimos quedarnos con Sancor”
El secretario general del gremio de trabajadores lácteos, Héctor “Etín” Ponce, escribió una carta pública en la que niega de modo enfático que Atilra haya querido apoderarse de dicha empresa y mucho menos sea responsable de su caída mediante bloqueos a sus actividades.
Ponce reaccionó a declaraciones recientes de Pedro Morini, un asesor de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafé) y ex secretario de Lechería de esa provincia, quien declaró: “Hubo muchos errores propios, un gremio (Atilra) que quería quedarse con la empresa…”.
“Supina ignorancia la del asesor. No solo porque desde Atilra jamás hemos tenido la intención de quedarnos con ninguna empresa del sector, sino que tal posibilidad está absolutamente vedada desde el punto de vista legal tornándose consecuentemente imposible que alguien pueda pensar racionalmente en ello”, argumentó el sindicalista, recordando que SanCor es una figura cooperativa y por lo tanto propiedad de sus socios productores.
La conducción sindical tuvo una muy cuestionada do actuación en todo el proceso de crisis de la cooperativa láctea. Bloqueando usinas y centros de distribución obtuvieron compromisos de parte de los empresarios imposibles de cumplir, con gestiones de alto nivel político avalaron la llegada de un grupo empresario para hacerse cargo de las operaciones que nunca se terminó de concretar -básicamente porque toda la movida estaba supeditada al aporte de dineros públicos, y abrió una profunda grieta entre los trabajadores de la firma, condenando a los que disentían con las políticas del gremio.
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