¿Es el súper IVA la reforma clave de los tributos indirectos al consumo?

Desde hace un tiempo, veo comentarios sobre el denominado "súper IVA". 

Esto me llevó a retroceder muchos años atrás cuando un colega me obsequió un libro de su autoría (Sustitución del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Trade off entre eficiencia económica y autonomías provinciales- por Jorge Hernán Simón- 2001 – Editorial de la Universidad Nacional de Rosario-) que en resumen explicaba minuciosamente el efecto económico, práctico y simplificador que se producía juntando en una sola declaración jurada mensual presentada a nivel nacional las determinaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB). Uno de carácter Nacional y el otro de carácter Provincial.

También hubo artículos aislados, pero, en definitiva, lo que era una idea de avanzada, el momento político no ayudó, por lo tanto, no prosperó y quedó en los archivos de la doctrina tributaria y de la mediocridad sumada a su egoísmo de un sistema político.

Situándome en el hoy, necesito creer que esa semilla conservó su poder germinativo, incluso potenciado y estimo que el fruto a obtener puede ser más efectivo. De lo contrario se quedarán cortos y no se obtendrá la pretendida simplificación en el sistema tributario, ni la real eficiencia en los controles, ni la reducción de costos de recaudación, ni las estructuras humanas más pequeñas pero altamente tecnificadas , ni la disminución de la sobrecarga administrativa a los entes privados que a su vez incrementa los costos, ni la tan necesaria baja de la presión tributaria que afecta la competitividad de las exportaciones y los altos precios internos en comparación con otros países.

No es mi intención entrar en la órbita política, que será el primer frontón que encontrará el Gobierno actual. Lo que no me cabe duda, que a esto se le aplica la frase que “nada es imposible, cuando es estrictamente necesario”. También soy parte de los que sostienen que “nuestro Federalismo es hipócrita”, pues durante décadas la mayor recaudación coparticipable estuvo y sigue estando en manos del Poder Administrador Nacional.

Además, las provincias reciben una coparticipación de una ley que es obsoleta y es necesario redefinir sus términos, así como es imperiosamente necesario, que las provincias y sus municipios vayan dando ejemplos de racionalización administrativa con el objetivo de ajustar sus costos a presupuestos con efecto caja cero o positivo.

Supondremos que, en diciembre del 2025 o en los primeros meses del 2026, el Gobierno Nacional, logra el objetivo de pactar con las provincias, dos proyectos de leyes:

- Proyecto 1: el "súper IVA", que incorpora un adicional a la alícuota del IVA, que cubra en promedio las recaudaciones de todas las provincias y de CABA (el cual va acompañado con un pacto ya firmado de adhesión de las provincias y Caba, pacto que a su vez incluya el compromiso conjunto de fiscalizar conjuntamente Nación y Provincias todos los nichos de evasión laboral -a mayor blanqueo laboral, mayor recaudación impositiva-).

- Proyecto 2: nueva ley de coparticipación federal. Y esos proyectos son aprobados en ambas Cámaras. Es de esperar, que eso a su vez incentive la sana competencia entre las provincias para atraer inversiones y generar inmigración laboral interna para ofrecer oportunidades a la población más carenciada y por qué no, para incentivar el retorno al país de profesionales y mentes brillantes que emigraron por no ver un futuro de progreso en su propia patria.

Llegado a este punto, algunos preguntarán: “¿pero ese esquema no acentúa la hipocresía de la autonomía económica del federalismo Argentino?”. Sí. Pero en mi opinión ese es el único camino para lograr el crecimiento esperado. No olvidemos el avance geométrico que nos toca vivir desde el punto de vista tecnológico. El hecho que la recaudación se concentre más en un punto, no implica que se tenga que seguir dependiendo del “cheque en tiempo y forma para algunos, y el resto que espere”.

De ninguna manera, pues las provincias estarán en condiciones de ir recibiendo su parte -por ejemplo, en forma semanal-, pues hoy día es factible que un software bien diseñado y sometido a un control permanente por parte de los directamente interesados lo lleve a cabo.

¿Qué cargas administrativas deberían desaparecer para los contribuyentes, a las que se suma la real disminución de la incertidumbre que generan las actuales lagunas legales si se instrumenta esta reforma?

1.- El Convenio Multilateral muere. Lo mismo pasará con el Protocolo Adicional del Convenio Multilateral que demostró en la práctica su ineficiencia. El Protocolo Adicional al Convenio Multilateral es el mecanismo que regula la redistribución del impuesto cuando, debido a interpretaciones contradictorias, un contribuyente ha pagado más a una provincia en detrimento de otra. Este protocolo establece un procedimiento para que las provincias involucradas ajusten la diferencia entre ellas, evitando que el contribuyente tenga que pagar en exceso.

2.- Los regímenes de retención y percepción provinciales mueren. Se terminan los saldos a favor recuperables “nunca”. Si el Gobierno Nacional establece un régimen de retenciones en el “súper IVA”, deberá coparticipar las mismas. Lo deseable sería que limite al máximo los regímenes de retención y percepción por su pernicioso efecto financiero de generación de saldos a favor muchas veces permanentes e irrecuperables en la práctica.

3.- Se simplifican los softwares de facturación.

4.- Los Códigos Fiscales de las Provincias necesitarán estar unificados en cuanto a lo que es Procedimiento, determinación de bases imponibles, exenciones y alícuotas.

5.- La mera compra debería car en vía muerta, pues debería contemplarse ese caso como un adicional en la coparticipación de las provincias productoras.

6.- Es la gran oportunidad, para hermanar con el IVA el Impuesto sobre los Ingresos brutos y terminar con el pernicioso efecto cascada de este último impuesto, que va superponiendo impuesto en cada operación comercial que se realiza hasta llegar al consumidor final o exportar el producto, con lo cual no llega a evitarse de manera total la exportación de impuesto (a pesar que existen los reintegros de exportaciones).

7.- Si se diera el punto 6, las empresas exportadoras, harían un solo trámite para el recupero de los impuestos indirectos incluidos en sus costos directos e indirectos de los productos exportados, ya que el 100% del "súper IVA" jugaría como un crédito fiscal. Pero aún queda un impuesto provincial que debería quitarse, y un impuesto “disfrazado de Tasa” que recaudan los municipios, que deberían incluirse en esta negociación entre Provincias y Nación.

- El impuesto de sellos, vigente todavía en las provincias, reminiscencia ancestral de la época del Virreinato, que para nada contempla el principio de capacidad contributiva.

- Las denominadas Tasas de contribución e Higiene, o Derechos de Registro e Inspección, cobradas por los municipios. Incluso otras tasas como las tasas de bromatología (que suelen cobrarlas ciertos municipios que ni siquiera cuentan con un laboratorio adecuado para tales fines), que en muchas provincias se comportan como Aduanas Interiores, prohibidas por la Constitución Nacional desde sus inicios.

Finalmente, veo que existen provincias inviables desde el punto de vista productivo y competitivo. La solución, será fusionarse con otra u otras, pues perderán gran parte de su población privada que emigrará pacíficamente hacia otras provincias en busca de trabajo productivo. Si no lo hacen, entre otras cosas, se afectará su porcentaje de coparticipación disminuyéndolo, ya que un porcentaje de la coparticipación siempre tuvo en cuenta la densidad de población de cada Provincia para su distribución.

Mi conclusión es que esa semilla que se difundió muchos años atrás ha perfeccionado su genética, y si quienes tienen que tomar la decisión son magnánimos como nuestros héroes patrios el país cambiará radicalmente empujado por un sistema tributario más simple y una estructura empresarial más competitiva.