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Cumbre en el MPA

Víctimas de financiera fueron a Fiscalía y se llevaron una promesa

Patricio Dobal

Damnificados se entrevistaron con el fiscal regional y quienes instruyen de cerca la causa. “Buenas intenciones pero pocas medidas”, destacan los afectados.

El expediente por la caída de Ciag SRL, la financiera que operaba desde una oficina del Palacio Minetti y dejó a decenas de inversores sin poder recuperar sus ahorros, volvió a moverse. Damnificados se reunieron este martes con autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para reclamar avances en una investigación que lleva años y se retiraron con una promesa concreta. Los fiscales aseguraron que no permitirán que la causa prescriba aunque en lo inmediato 

Del cónclave participaron el fiscal regional Matías Merlo, el fiscal Sebastián Narvaja y la fiscal María Teresa Granato, quienes quedaron a cargo de impulsar la investigación. Del lado de los damnificados asistieron nueve afectados y el diputado provincial Carlos Del Frade, quien había gestionado la audiencia ante Merlo.

“No hubo grandes revelaciones. Nos fuimos con la promesa de que no iban a dejar prescribir la causa”, resumió Guillermo Giordana, uno de los damnificados, en contacto con Punto biz. Desde Fiscalía  hicieron un balance positivo del encuentro. Fuentes del MPA consultadas por este medio señalaron que durante la audiencia se escucharon los planteos de las víctimas y se repasaron los avances producidos hasta el momento en la investigación. Además, se formalizó ante los damnificados que Narvaja y Granato serán los fiscales que llevarán adelante el expediente.

La principal novedad operativa es que Fiscalía prepara ahora una ronda de entrevistas individuales con quienes denunciaron haber perdido dinero en Ciag. El objetivo será volver sobre cada caso y abrir la posibilidad de incorporar elementos que no hubieran sido aportados originalmente. Desde el MPA confirmaron que las citaciones particulares forman parte de las medidas previstas para el corto plazo.

“Entiendo que la fiscal Granato quiere conocer de primera mano la causa y las denuncias. Antes querían citar a una persona cada quince días y ahora prácticamente coordinaron todas las entrevistas en una semana”, explicó. Para las víctimas, el cambio de ritmo es una señal después de una investigación atravesada por distintos relevos de fiscales. Granato, interpretó Giordana, busca reconstruir no solamente lo que quedó asentado formalmente en las denuncias, sino también escuchar directamente cómo fue la operatoria que cada ahorrista mantuvo con la financiera.

El contrapunto con Fiscalía

La reunión también tuvo momentos de discusión. Según Giordana, desde el MPA plantearon reparos por la exposición pública que adquirió el expediente y señalaron que la difusión anticipada de determinadas medidas puede entorpecer la investigación.

Los damnificados defendieron la información que hicieron pública y discutieron con los fiscales la valoración de algunos de los elementos incorporados al legajo. “Nos recriminaron un poco la publicidad que se le da en los medios a la causa, aduciendo algún tipo de entorpecimiento. Nosotros contestamos con la prueba producida en el expediente”, señaló Giordana.

Los fiscales, según reconstruyó el entrevistado, anticiparon que mantendrán reserva sobre las próximas medidas precisamente para evitar que su eventual difusión pueda frustrarlas. Ese fue uno de los límites de la reunión. Loss funcionarios del MPA no adelantaron cuáles serán los próximos pasos de la pesquisa ni compartieron con los damnificados la valoración que realizan de la evidencia reunida.

Uno de los principales puntos de discusión volvió a ser la situación de Paola Allegranza, viuda de Juan Carlos Culhane, quien estuvo al frente de Ciag hasta que una enfermedad que comenzó en 2015 derivó en su fallecimiento dos años después. Los damnificados cuestionaron que en su momento Luis Roatta haya sido imputado y detenido mientras que hasta ahora no se avanzó de la misma manera contra Allegranza.

Según Giordana, las víctimas consideran que ya existen elementos suficientes para avanzar con una imputación. Fiscalía, en cambio, les transmitió que todavía no tiene formada esa convicción y evitó anticipar cómo evalúa las pruebas existentes.

La expectativa de los afectados también se alimentó, señaló Giordana, por conversaciones mantenidas anteriormente con quienes estuvieron a cargo de la investigación. Según afirmó, tanto el exfiscal Miguel Moreno como Federico Aranda habían transmitido al abogado que representa a buena parte de los damnificados que se evaluaba avanzar contra Allegranza. El escenario cambió con los sucesivos relevos dentro del MPA. Aranda dejó recientemente su cargo para incorporarse a la Unidad de Información Financiera (UIF) y el expediente quedó ahora en manos de Narvaja y Granato.

Entre las medidas que se produjeron en los últimos meses también estuvo la declaración testimonial de dos gerentes de Rosental, firma que aparece en la reconstrucción de determinadas operaciones comerciales realizadas por Culhane, pero que no tiene directivos imputados en el expediente. Los representantes comparecieron como testigos y entregaron documentación sobre la relación comercial mantenida con el entonces titular de Ciag.

“Sabemos dónde están los bienes”

Giordana tiene una historia particular dentro del caso. Además de haber colocado entre u$s30.000 y u$s40.000 de sus ahorros en Ciag, su familia era propietaria de la oficina del Palacio Minetti desde donde operaba la financiera.

Cuando recuperaron el inmueble encontraron documentación que posteriormente fue aportada al expediente. Ese material, junto con peritajes sobre dispositivos secuestrados y las denuncias de otros ahorristas, permitió ampliar la reconstrucción de la operatoria.

El damnificado estima que unas 30 personas realizaron denuncias, aunque calcula que el universo de afectados podría acercarse al centenar. Las primeras estimaciones ubicaban el perjuicio denunciado alrededor de los u$s4 M, aunque Giordana sostiene que el monto total podría ser superior.

El objetivo inmediato de las víctimas sigue siendo que Fiscalía avance sobre el patrimonio que consideran relacionado con la maniobra y preserve bienes ante una eventual reparación.



 

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